Desde el oficialismo político se registraron numerosos cuestionamientos hacia la modificación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia sobre la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que vuelve a llevar el número de miembros de 13 a 20 y designa  al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como presidente del cuerpo que designa y remueve jueces.

Poe ejemplo, el senador nacional Oscar Parrilli consideró que Rosatti, está "asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo", en lo que calificó como "un golpe de Estado institucional a uno de los poderes" de la Nación a la asunción del presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo, y aseguró, que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para "lograr impunidad".

Así se pronunció Parrilli al ser consultado por El Destape Radio sobre la intención de Rosatti de asumir al frente de ese organismo, al cumplirse el plazo otorgado para aprobar una nueva composición del cuerpo encargado de seleccionar y eventualmente destituir o sancionar jueces. El senador oficialista lo comparó con la acordada de 1930 "cuando la Corte de aquel entonces legitimó el golpe de Estado contra (Hipólito) Yrigoyen".

"Hay dos jueces que fueron nombrados por decreto por Macri y ellos aceptaron ser nombrados por decreto, violando expresamente la Constitución; después tuvieron que corregirlo por el escándalo internacional y nacional tan grande", sostuvo e senador sobre la designación de Rosatti y de su par Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en 2016.

Agregó que "se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso".

En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que en 2006 -durante la presidencia de Néstor Kirchner- redujo de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura. Casi 16 años después, al declarar la inconstitucionalidad de esa norma, la Corte dispuso el retorno a la vieja estructura y otorgó un plazo de 120 días al Parlamento para que emitiera una nueva ley, pero la norma propuesta por el oficialismo -aprobada por el Senado- todavía espera tratamiento en Diputados.

Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, advirtió que la "intromisión de la Corte Suprema sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo a los proyectos de reforma de la Justicia", a partir de la decisión de Rosatti de asumir al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que, de esa forma, "no están salvando la República" sino "protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a sus cómplices".

En tanto, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, advirtió que, al asumir Rosatti la titularidad del Consejo de la Magistratura, se configura "un escenario de gravedad institucional" y destacó que existen "alternativas para evitarlo", como brindar "tiempo para legislar".

A su vez, el diputado nacional Marcelo Casaretto pidió a los representantes de la Cámara baja y del Senado en el Consejo de la Magistratura no convalidar el "desembarco" de Rosatti en el cuerpo y consideró que hay una "desesperación y ambición de poder" en el máximo tribunal.

"La ley está en tratamiento. En el Senado ya consiguió media sanción, ahora tenemos que tratarla en Diputados. Convoco a todas las fuerzas políticas a que debatamos esto y no convalidemos este desembarco de Rosatti en el Consejo de la Magistratura sin ninguna ley de Congreso que lo respalde", afirmó el legislador en declaraciones a Radio 10.

La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, afirmó que la Corte Suprema "está quemando la Constitución Nacional" y equiparó la situación en el Consejo de la Magistratura con "un golpe institucional".

“La Corte quiere aplicar una ley que derogó el Congreso y, aunque sea 'Suprema', eso no la vuelve legislador", sostuvo la letrada.

En el mismo sentido se pronunció la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, al decir que la asunción del Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura constituye "un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo", que "pone en peligro el Estado de derecho".

"La Justicia no debe legislar. Se está poniendo en peligro el Estado de derecho y la división de poderes, pilar central de nuestro sistema democrático", sentenció la funcionaria desde su cuenta de Twitter.