El Senado tiene un objetivo central dentro del combo de iniciativas a tratar esta semana: una de ellas es sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados. 

Además, este viernes se debatirá el debate por el Régimen Penal Juvenil. Mientras tanto, tras el quórum de este jueves, el oficialismo consiguió aprobar la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE), pese a las críticas de la oposición.

A continuación, se debatió y convirtió en ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE, un tema que no enfrentó problemas en ser aprobado. 

Por su parte, la nueva Ley de Glaciares, que se trató más tarde, fue aprobada por el Senado durante cuatro horas de debate, a pesar de las especulaciones en la previa."No nos sobra nada", había admitido un senador del oficialismo.

Ley de Glaciares: apoyo y polémica

Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, provinciales y también integrantes del peronismo que responden a provincias mineras: el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Este resultado habilita ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias.

La nueva Ley de Glaciares tiene como eje principal cederles a las provincias la potestad de definir cuáles son las zonas donde se puede desarrollar la actividad minera.

En el Gobierno sostienen que las modificaciones destrabarían inversiones millonarias en proyectos mineros. La norma actual protege zonas definidas como glaciares y periglaciales como reservas de agua dulce.

Uno de los debates sobre la norma refiere a la definición de periglacial, que describe de manera laxa como áreas de alta montaña con suelos congelados que actúan como reguladores hídricos. Sus críticos sostienen que es muy amplia y terminó afectando el desarrollo de la actividad minera.

Las provincias serán las encargadas de definir si un área determinada es una reserva estratégica de agua dulce y de aprobar o no los estudios de impacto ambiental presentados por las compañías mineras.

La actual Ley de Glaciares establece una prohibición absoluta por ubicación de los glaciares. El proyecto para modificar la norma establece una exigencia "relevante" y "comprobable" en el aporte hídrico a una cuenca para cada área declarada como glaciar y periglacial.