La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes en condiciones de resolver la causa contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), en la jornada de la masiva cuarta edición de la Marcha Federal de las altas casas de estudio en repudio contra los recortes.

La expectativas sobre una eventual sentencia del máximo tribunal del país quedan puestas así en su próxima reunión de acuerdo, prevista para este jueves.

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Debe tratar el Recurso Extraordinario Federal (REF) que llegó a la Corte Suprema la semana última, con las justificaciones del Gobierno para no aplicar los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. 

En la acción judicial la administración libertaria argumenta que provocaría un "grave e irreparable perjuicio al Estado" ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales. 

Cómo podría actuar la Corte: escenarios posibles

Una de las alternativas, y que genera mayor expectativa en el ámbito académico, es el rechazo del recurso por la vía del artículo 280 del Código Procesal, que señala que "la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

Si los jueces de la Corte decidieran aplicar esa herramienta, conocida como "certiorari", podrían desestimar el planteo del Gobierno sin necesidad de profundizar en los fundamentos. 

En términos prácticos, eso dejaría firme de manera inmediata el fallo de la Cámara que favoreció a las universidades, obligando al Estado a desembolsar los fondos adeudados para salarios y funcionamiento de las altas casas de estudio. 

Por otro lado, el máximo tribunal del país podría optar por abrir el recurso y analizar el fondo de la cuestión bajo el argumento de que existe una "gravedad institucional" que amerita una sentencia aclaratoria. 

En este escenario, la Corte tendría que equilibrar el derecho a la educación y la autonomía universitaria frente a la facultad del Ejecutivo para administrar el presupuesto nacional. 

Un fallo favorable a la Casa Rosada podría suspender la aplicación de la ley, mientras que uno contrario cerraría la vía judicial del conflicto.

Finalmente, dada la sensibilidad social del tema, la Corte tiene la posibilidad de buscar una salida institucional de mayor volumen político. 

Eso implicaría convocar a una audiencia pública para que tanto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como el Ministerio de Capital Humano expongan sus respectivas posturas. 

Si bien ese camino dilataría la resolución final, permitiría al máximo tribunal del país ganar tiempo y forzar una instancia de mediación entre las partes antes de dictar una sentencia definitoria.