Las cuotas de los colegios privados de la ciudad de Buenos Aires tendrán un aumento de 15 por ciento a partir del mes de julio.

Así lo autorizó el Gobierno porteño este miércoles, razón por la que las autoridades educativas de las escuelas que cuentan con subvención ya comenzaron a comunicar los nuevos valores a las familias de los alumnos.

Desde el sector de la educación privada precisaron que “el aumento ya estaba acordado y se ajustó en un porcentaje mayor porque los salarios docentes aumentaron del 42 por ciento originalmente pactados al 62 por ciento”.

 

De esta manera, además del próximo incremento previso para el mes que viene, los aumentos aplicados durante lo que va del 2022 en los colegios porteños fueron de 10 por ciento en marzo y 9 por ciento en abril.

No obstante, no sería el último, debido a que se prevé otro anuncio similar en octubre, aunque todavía resta definir el porcentaje.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registra un aumento del 20 por ciento en marzo y también se espera un 15 por ciento para julio y luego otro aumento a definir para septiembre.

 

Los aumentos en la educación privada se suman a otros incrementos ya previstos para el mes de julio:

Prepagas: En julio se concretará el tercer tramo del aumento que se autorizó a las empresas de medicina prepaga, que será del 4 por ciento y significará el incremento acumulado del 43 por ciento en lo que va del 2022.

Tarifas de agua: La Secretaría de Obras Públicas oficializó que AySA aplicará un aumento del 20 por ciento en julio y luego habrá un 10 por ciento acumulativo en octubre. 

 

Alquileres: Mientras en el Congreso continua el debate por la modificación de la Ley de Alquileres, en julio se dará la segunda actualización anual desde que se sancionó la norma. Por ejemplo, para un contrato que en julio de 2021 tenía un valor mensual de $30.000 con la actualización anual pasará a ser a partir de julio de 2022 de $44.468, un incremento de 48,23 por ciento.

Quita de subsidios: El Gobierno oficializó a través de un decreto la segmentación de los recortes del beneficios, por la que se prevé que un 10 por ciento de los usuarios de servicios de gas y electricidad pasarán a tener tarifa plena. 

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