Quebró la empresa láctea La Suipachense: 140 personas se quedaron sin trabajo
La empresa había reducido fuertemente su producción y acumulaba una deuda de más de $8.458.599.415. La Justicia dispuso abrir la etapa de liquidación, poniendo fin a un proceso que se había iniciado con un concurso preventivo.
La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha. La medida fue dictada por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes, quien dispuso abrir directamente la etapa de liquidación, poniendo fin a un proceso que se había iniciado meses atrás bajo concurso preventivo.
El gremio lechero Atilra difundió la novedad. El grupo venezolano Maralac es el que tenía el control de la compañía. Es la misma firma que administró la quebrada Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que vendía yogures y postres que eran de SanCor.
La Suipachense tenía 140 empleados y en el último tiempo redujo fuertemente su producción en el marco de un conflicto gremial. Acumuló una deuda posconcursal por cheques rechazados que ascendería a $8.458.599.415,78. También hubo reclamos del gremio por más de $1.000 millones.
En su resolución, el magistrado ordenó: "Declarar en estado de quiebra a la empresa Lácteos Conosur SA (CUIT 30-68714743-6). Se deja constancia que no corresponde la tramitación bajo el régimen previsto por el art. 288 LCQ". La decisión recae sobre una empresa que atravesaba una crisis prolongada, con la planta paralizada desde hacía semanas, sin producción ni pago de sueldos y ocupada por sus trabajadores.
El juez dispuso la inhabilitación de la empresa y de su presidente, Jorge Luis Borges León. El fallo también impuso restricciones migratorias al señalar: "Hacer saber a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida". La decisión busca garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión.
En el plano económico, la resolución ordena comunicar la quiebra al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que todas las entidades financieras bloqueen cuentas y depósitos a nombre de la empresa. También se decretó la inhibición general de bienes y la prohibición de pagos. Con esto, se impide cualquier movimiento patrimonial hasta que la sindicatura determine el destino de los activos.
