Los alquileres siempre fueron un tema conflictivo a nivel social, ya que involucran tanto el derecho a la vivienda como el interés económico de los propietarios. Durante años, la relación entre ambas partes estuvo atravesada por tensiones que se agudizan en contextos de inflación y falta de oferta, donde cada modificación legal genera fuertes repercusiones en el mercado inmobiliario.

Hace poco tiempo, se tomó la decisión de eliminar la Ley de Alquileres tal como se conocía e implementar nuevas normativas que buscan redefinir el vínculo entre dueños e inquilinos. El objetivo oficial es brindar un marco más flexible que permita reactivar la oferta de viviendas y, al mismo tiempo, dar mayor previsibilidad a quienes necesitan alquilar para vivir.

Uno de los puntos que más polémica generó es el que permite que quienes alquilan puedan permanecer en la propiedad, incluso si el propietario decide no renovar el contrato. Esta disposición provocó un intenso debate entre las partes involucradas, ya que modifica de manera directa la dinámica tradicional de los acuerdos de alquiler en el país.

Un nuevo escenario para el mercado de alquileres

La eliminación de la Ley de Alquileres de 2020 generó un verdadero punto de inflexión en el mercado inmobiliario argentino. La medida trajo consigo cambios significativos en la forma de pactar contratos, actualizar precios y gestionar la relación entre quienes habitan las viviendas y los propietarios.

Aunque muchos creen que la ausencia de esta normativa dejó desprotegidos a los inquilinos, la realidad es que las relaciones locativas continúan amparadas por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC). Este marco legal sigue estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes, pero también habilita escenarios que generan sorpresa: un inquilino puede permanecer en la propiedad incluso si el dueño no desea renovar el contrato.

Esto ocurre porque el CCyC establece que la finalización del contrato no implica un desalojo inmediato. Para que el propietario pueda recuperar la vivienda, debe cumplir con un proceso judicial formal, ya que ningún inquilino puede ser obligado a abandonar la propiedad sin una orden de un juez. Esta protección evita desalojos arbitrarios y asegura que toda acción se realice dentro de los plazos y procedimientos legales correspondientes.

Los 4 pasos legales obligatorios para desalojar a un inquilino en Argentina

1- Notificación fehaciente de finalización del contrato: el propietario debe comunicar al inquilino, por carta documento o medio equivalente, que no renovará el contrato y que debe entregar el inmueble en la fecha pactada.

2- Intimación para la entrega de la propiedad: si el inquilino no entrega la vivienda, se envía una nueva intimación formal para que desocupe el inmueble en un plazo determinado.

3- Inicio del proceso judicial de desalojo: ante la negativa del inquilino, el dueño debe presentar una demanda de desalojo en el fuero civil, adjuntando el contrato y las notificaciones previas como respaldo.

4- Orden judicial y ejecución del desalojo: solo una vez que el juez dicta sentencia y ordena el desalojo, la vivienda puede ser recuperada legalmente, pudiendo intervenir fuerzas de seguridad si el inquilino no se retira voluntariamente.