Por Juan Bernardo Domínguez 
@juanbjd

El presidente Javier Milei decidió prorrogar el Presupuesto 2023 para este año, por lo que las partidas para la administración pública no contemplan el incremento inflacionario registrado el año pasado, que fue de 211,4%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Así lo dispuso el pasado 26 de diciembre a través del decreto 88/2023, firmado por el primer mandatario, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese contexto, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó el pasado martes en una resolución su "extrema preocupación respecto de la situación presupuestaria" que atraviesa la alta casa de estudios por el “congelamiento” del gasto educativo.

 

Además, reclamó "un financiamiento adecuado" a efectos de “garantizar la continuidad de sus funciones en docencia, investigación, salud y extensión", así como "las actividades” en el ámbito de sus “Facultades, colegios preuniversitarios, hospitales y en todas sus instalaciones universitarias".

El Consejo Superior también expresó que en el 2023 "los gastos de funcionamiento de la Universidad han sufrido un impacto de crecimiento al ritmo de la inflación muy por encima del 200%", mientras que aumentaron "un 50% acumulado para el bimestre diciembre-enero".

Especificó que las erogaciones de la UBA vinculadas a la función salud registraron incrementos "muy por encima de los valores mencionados, llegando en algunos casos a un crecimiento interanual del 1000%".

 

El matemático Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, por su parte, advirtió este miércoles en diálogo con crónica.com.ar que “el ‘congelamiento’ nominal implica" para la alta casa de estudios "recibir un tercio de los fondos en términos reales, lo que hace que el presupuesto alcance para funcionar sólo hasta abril” próximo.

Durán estimaba que esa fecha también alcanza al resto de las universidades públicas del país. “A nivel general, las becas doctorales se redujeron. Había un llamado a 1.300 becas doctorales para empezar el primero de abril próximo del Gobierno anterior. Y se redujeron a 600; menos de la mitad”, cuestionó.

El decano alertó que “no hay ninguna garantía de que los ingresos a la Carrera del Investigador del CONICET, que se otorgaron al año pasado y que ya fueron publicados, se efectivicen”.

“Buenas parte de los investigadores está compuesta por docentes de las universidades”, explicó Durán, quien consideró que el ajuste de fondos del Gobierno en las universidades púbicas implica un “mazazo al semillero de la ciencia”.

La grave situación que atraviesa el hospital de la Facultad de Odontología de la UBA

A su turno, Pablo Alejandro Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA, aseguró a este medio que el primer síntoma del “congelamiento” de fondos será “el aumento de los aranceles que se cobran por el servicio de salud”.

“En el Hospital Odontológico de nuestra facultad tenemos precios económicos, un 30% de lo que se paga en el mercado”, resaltó al referirse al centro asistencial al que concurren 1.500 pacientes por día.

Pero, producto de la endeblez presupuestaria, “en marzo próximo se reunirá el Consejo Directivo de la Facultad y fijará los nuevos aranceles”.

En las últimas horas, usuarios de redes sociales expresaron preocupación por un eventual cierre del centro asistencial de la Facultad de Odontología de la UBA.

Rodríguez, consultado este miércoles sobre si considera que en abril próximo deberá cerrar el hospital por la asfixia presupuestaria, optó por manifestarse esperanzado en que el Gobierno revea su posición.

“Nuestra advertencia es clara y concreta. Ahora, el Gobierno puede cambiar su posición”, concluyó.

Rectores de todas las universidades nacionales llevaron su preocupación al Gobierno

Esta semana hubo un encuentro entre las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En representación de las universidades nacionales participaron Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del CIN; y Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y vicepresidente del CIN.

Los rectores plantearon a los funcionarios “la necesidad de la actualización de los gastos de funcionamiento, las condiciones de continuidad del plan de inversiones, las paritarias docente y no docente, y los programas y los proyectos de desarrollo, entre otros temas”, detalló el CIN en un comunicado.

 

El conflicto docente y su alcance a todas las universidades nacionales

El Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales agrupa a Conadu, la Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA. El viernes último se declaró en “estado de alerta y movilización” en todas las altas casas de estudio y reclamó “una oferta salarial que recupere el poder adquisitivo” de docentes y no docentes, después de rechazar la oferta del 6% de incremento para febrero.

El Gobierno, en la paritaria universitaria, había ofrecido 16% de actualización, pero el 10% correspondía a lo acordado en las negociaciones del 2023.

Los sindicatos universitarios, en un comunicado, exigieron a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Capital Humano que los citen a la brevedad para recibir “una propuesta superadora que no destruya el poder adquisitivo del salario y no perjudique las condiciones laborales”.

Los gremios advirtieron que el lunes 4 de marzo próximo mantendrán una reunión con el fin de “profundizar el plan de acción gremial en todas las universidades de país”.

“Este conflicto salarial ocurre en un contexto de recorte del presupuesto universitario que pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades nacionales. Defendemos la universidad pública y gratuita al servicio de las grandes mayorías, salarios dignos para trabajadoras y trabajadores, y jubilaciones dignas”, cerraron en la gacetilla.

Por J.B.D.