Por Jimena Golender

La caída sostenida de los ingresos reales y la reforma del esquema de subsidios a los servicios básicos modificaron el mapa del consumo estacional. Tras la quita de la asistencia estatal en las facturas de gas de red y en medio del avance del proyecto legislativo que busca reducir el alcance de la Ley de Zonas Frías, los hogares se vuelcan cada vez más hacia métodos de calefacción alternativos -y más peligrosos-.

La quita de la asistencia estatal a las regiones más frías del país que alcanzaban a varias localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la región de Cuyo implicará que millones de usuarios deban afrontar el costo pleno del gas durante los meses de invierno con incrementos que alcanzarían hasta un 55%.

Ante la política de reducción de subsidios que lleva adelante el Gobierno y la desregulación del precio de las garrafas, sumado a una economía familiar de salarios estancados, creció la desconexión voluntaria del servicio y la transición hacia la calefacción "blue".

Estas alternativas a las que recurren las familias para climatizar sus hogares al margen de las redes formales de gas responden a la imposibilidad de afrontar boletas cada mes más caras. La brecha entre el costo de los servicios y la capacidad de pago de los sectores más vulnerables convirtió al acceso al calor en un factor de exclusión social y un indicador crítico de la pérdida del poder adquisitivo durante la era Milei.

La brecha del gas: ingresos mínimos versus tarifas máximas

De acuerdo al informe de Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH) del INDEC, en los hogares que representan el 30% de la población con menores recursos del país, el ingreso promedio familiar per cápita se posiciona muy por debajo de la línea de la Canasta Básica Total (CBT) que determina el umbral de la pobreza.

Al cruzar estos ingresos con el costo de vida actual y el gasto mensual que se destina al pago de servicios básicos, se evidencia una brecha cada vez más profunda. De acuerdo con el monitoreo mensual del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires necesita destinar una porción sustancialmente mayor de sus recursos mensuales exclusivamente para cubrir la Canasta de Servicios Públicos (que abarca los consumos promedio de luz, gas, agua y transporte público).

Mientras que para los sectores medios o altos este gasto representa menos del 15% de sus recursos, para un hogar con ingresos mínimos afrontar las boletas con la indexación autorizada por el Ministerio de Economía implica destinar entre un 25% y un 35% de sus ingresos totales solo a mantener encendidos los servicios básicos. Esta realidad fuerza una sustitución: el apagado de estufas reguladas y el auge del mercado de climatización alternativo y desregulado.

El circuito informal del calor

La calefacción "blue" crece en el mercado de venta de garrafas. Aunque la Secretaría de Energía mantiene programas de asistencia reducidos para la compra de estos artefactos, los sobrecostos de distribución y la escasez de puntos de venta a precios oficiales en los barrios vulnerables obligan a los usuarios a convalidar sobreprecios para abastecerse de gas fraccionado durante los meses más fríos.

Asimismo, informes de infraestructura de la Cámara Argentina de la Construcción y de organizaciones sociales advierten que la migración forzada hacia caloventores y estufas de cuarzo satura conexiones eléctricas deficientes, lo que eleva la frecuencia de los cortes de baja tensión en asentamientos o zonas sin conectividad a la red de gas natural.

Como último recurso aparece el uso de leña, carbón o deshechos para sectores de la periferia bonaerense y del interior del país que quedan completamente fuera de la cobertura de la red de gas natural y de la segmentación de subsidios del Estado.

Los riesgos de los métodos económicos de calefacción

El desplazamiento del consumo energético hacia opciones de menor costo conlleva riesgos de seguridad doméstica. Los productos de calefacción más accesibles en el mercado informal o de segunda mano carecen de las certificaciones de seguridad obligatorias otorgadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), tales como las válvulas de corte por falta de oxígeno o los sistemas de tiro balanceado.

El principal vector de peligro se concentra en la combustión incompleta. Las estadísticas del Ministerio de Salud confirman que el uso de braseros, cocinas a gas utilizadas como estufas y pantallas de gas conectadas de forma directa a garrafas sin la ventilación cruzada correspondiente multiplica los casos de intoxicación por monóxido de carbono. 

Asimismo, los artefactos eléctricos de bajo costo demandan un amperaje que las instalaciones eléctricas de los hogares de menores recursos no pueden resistir. Los peritajes de la Superintendencia Federal de Bomberos demuestran que las redes domiciliarias desprovistas de llaves térmicas y disyuntores diferenciales sufren recalentamientos de cables que desencadenan cortocircuitos.

El mercado "blue" de la calefacción

A la hora de evaluar los sistemas de calefacción más accesibles del mercado informal, la peligrosidad se mide por el tipo de energía que utilizan (combustión versus eléctrica) y la ausencia de sistemas de corte automatizados.

En este sentido, los relevamientos sobre siniestralidad demuestran que las unidades de menor costo suelen registrar los índices más elevados de fallas catastróficas por la baja calidad de los materiales de manufactura y la deliberada omisión de estándares de seguridad en los procesos de fabricación masiva de marcas no homologadas.

En el segmento de los dispositivos eléctricos, las estufas de cuarzo y los caloventores de baja gama representan las opciones más accesibles. No obstante, la eliminación de componentes de protección esenciales, tales como los interruptores térmicos y los sistemas pendulares de corte por posición, incrementa su incapacidad para autorregularse ante fallas. 

A esto se suma el uso de conductores eléctricos subdimensionados en el cableado interno, que es insuficiente para el régimen de amperaje requerido, lo que puede provocar cortocircuitos en la instalación de la vivienda.

Por otra parte, los sistemas de pantallas acopladas a garrafas de 10 o 15 kilogramos constituyen una alternativa habitual en zonas sin acceso a la red de distribución. La proliferación de variantes adulteradas o comercializadas en el mercado informal introduce fallas de diseño críticas en el sistema de regulación, lo que transforma el hogar en una atmósfera de alta vulnerabilidad ante cualquier fuente de ignición eléctrica o mecánica.

En lo que respecta al gas natural de red, las pantallas infrarrojas y los calefactores que carecen de salida al exterior presentan restricciones normativas severas. Su instalación inadecuada en espacios cerrados y el hecho de no poseer una vía de ventilación consumen el oxígeno presente en el aire del ambiente donde esté ubicado el artefacto.

Por último, los equipos basados en la utilización de combustibles líquidos, como el kerosene o el alcohol, no disponen de cierres herméticos ni de dobles paredes de aislamiento, lo que expone el reservorio de combustible a la radiación térmica directa del propio quemador. Ante un movimiento mínimo que provoque el vuelco del artefacto, el líquido inflamable se puede derramar, generando un foco de fuego de rápida propagación.