Este domingo, Uruguay va a las urnas para elegir el futuro de una norma histórica, la Ley de Urgente Consideración (conocida por sus siglas "LUC"), uno de los caballitos de batalla del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Esta ley, cuenta con 476 artículos que modificaron varias normas anteriores, vinculadas a distintas temáticas como la seguridad pública, el derecho a huelga, la fijación del precio de los combustibles, la flexibilización de los controles con respecto al lavado de dinero, e incluso a la educación.

Los ciudadanos deberán depositar su papeleta, decidiendo si mantienen o no los 135 artículos de esta polémica ley promovida por el presidente. El voto por el "Sí", implica la eliminación de estos puntos, mientras que el "No" señala el deseo de que se mantenga la ley sin cambios.

Los votos en blanco se contemplarán como parte del “No” y ganará la opción que obtenga en las urnas el 50% + 1 de los votos válidos.

La norma hace pequeñas modificaciones que implican importantes cambios, como por ejemplo, declara ilegítimos los piquetes tanto en espacios públicos como privados, por lo que quienes hagan una huelga, podrían ser condenados a prisión durante cuatro años.

También establece la figura de la "apariencia delictiva", que faculta a los policías a detener por ejemplo a dos hombres que anden en moto, o a jóvenes que usen ropa ancha y gorra. Esto los habilita a tenerlos hasta cuatro horas incomunicado o sin avisar a las autoridades competentes de su paradero. Además, el artículo 21 de la LUC modifica el artículo 61 del Código del Proceso Penal, por lo que se habilitan los interrogatorios policiales sin la garantía de la presencia de la Fiscalía. Esto quiere decir que pueden detener a un menor de edad durante cuatro horas, solo por su apariencia, mantenerlo incomunicado, sin avisar a ninguna autoridad y además, someterlo a un interrogatorio.

Esta ley también se mete con la educación, ya que elimina la obligatoriedad de la educación en nivel inicial. En cuanto a viviendas, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas e impide la construcción de casa a través de modelos cooperativos.

Por si fuera poco, aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares. Según explicaron los detractores, esto no solo habilita el lavado de dinero, sino que también permite la evasión de impuestos.