El gobierno de Uruguay brindó precisiones sobre el vuelo del Airbus A400M de la Real Fuerza Aérea Británica que conectó a Montevideo con las Islas Malvinas, tras la controversia generada por un presunto ingreso no autorizado en el espacio aéreo de la Argentina. Tras el polémico vuelo, el reclamo argentino.

Según fuentes oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), la operación respondió exclusivamente a fines sanitarios y contó con la debida autorización bajo normativa regional.

Respuesta oficial ante las alertas

La vocera de prensa de la FAU, Marisol Diana, explicó en declaraciones radiales que la aeronave transportó a dos pacientes desde el archipiélago hacia suelo uruguayo. 

Asimismo, remarcó que dicho movimiento está amparado por el decreto 419/021, que contempla excepciones para aeronaves militares en misiones de asistencia humanitaria.

Esta aclaración surgió luego de que el gobierno de Tierra del Fuego elevara un reclamo formal ante el embajador uruguayo en Buenos Aires, Diego Canepa. 

La administración provincial había denunciado que el avión apagó su transpondedor tras despegar del Aeropuerto de Carrasco, una maniobra que impide su identificación en radares civiles y que, según las autoridades fueguinas, habría derivado en un sobrevuelo sobre territorio nacional sin el permiso correspondiente.

El reclamo de Tierra del Fuego

Previo a la respuesta de la FAU, el secretario de Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, había manifestado su preocupación por lo que calificó como una situación de "gravedad institucional". 

El funcionario provincial destacó que el gobierno fueguino solicitó la intervención de la ANAC para auditar los registros y reconstruir la ruta del vuelo.

"Desde el gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas", señaló Dachary.

En su presentación, el funcionario subrayó que la seguridad operacional y el respeto por la soberanía argentina "no admiten silencio ni pasividad", reiterando que el apagado del dispositivo de seguimiento fue el punto crítico que motivó la solicitud de información detallada a las autoridades del vecino país.