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Escándalo en un juicio por corrupción en Salta: el director penitenciario reconoció "beneficios" a los presos

El director general del Servicio Penitenciario salteño, detalló cuáles fueron los beneficios recibidos por los presos, entre los cuales figuran salidas transitorias, visitas sin requisa, ingreso de celulares, estupefacientes y bebidas.

En la provincia de Salta se sigue llevando a cabo un juicio contra una red narcocriminal carcelaria que operaba en el penal Villa Las Rosas. En su declaración ante la justicia, el director general del Servicio Penitenciario local, Enrique Torres, reconoció que se “habían concedido beneficios a internos” y se detectaron ingresos de droga.

El funcionario detalló cuáles fueron los beneficios anómalos que recibieron los internos y apuntó contra Francisco Bisceglia, un miembro de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como responsable de otorgar salidas transitorias, traslados de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes.

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¿Cuándo se detectaron las anomalías?

Además, Torres confirmó que existieron irregularidades cometidas por parte del personal penitenciario, tras señalar que ya habían sido advertidas por otros testigos, y recordó que, durante 2022 y 2023, se desempeñó como Inspector General y que a mediados de 2023 se habían detectado anomalías en la tramitación de beneficios para internos.

Según El Tribuno, el director del Servicio Penitenciario relató que los primeros rumores recayeron sobre Bisceglia, y la información fue corroborada por el Departamento de Inteligencia y, tras analizar los informes respectivos, la Dirección General resolvió dar intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

 

Por otro lado, el titular de la penitenciaria argumentó que el caso no se investigó internamente debido a la gravedad del asunto, la falta de recursos suficientes y la permanencia de los presuntos implicados en sus cargos, lo que motivó el pase de la causa a la justicia provincial. Incluso, mencionó que se detectaron planillas de concepto y conducta sin firmas, falta de notificaciones a internos y expedientes incompletos o sin respaldo.

También explicó que el régimen de evaluación consistía en que todos los internos fueran calificados en conducta y concepto, de 1 a 5, y dichas calificaciones incidirían en el acceso a beneficios como trabajar fuera del penal o progresar dentro del régimen.

 

Esta es una de las pruebas presentadas en el jucicio (X). 
Esta es una de las pruebas presentadas en el jucicio (X). 

De la misma manera, remarcó que los jefes de pabellón eran los encargados de elevar los informes al Consejo Correccional, para que defina los dictámenes técnicos sobre los beneficios solicitados, y detalló que para obtener trabajo extramuros, un interno debe haber cumplido al menos el 40% de la condena, acreditar muy buena conducta y presentar aptitud física certificada.

Sobre el ingreso de drogas y objetos prohibidos, Torres reconoció graves deficiencias en los controles y señaló la falta de tecnología adecuada. En este sentido, precisó que los ingresos ilegales suelen producirse por las visitas, lanzamientos desde el exterior y el propio personal.

Controles deficitarios en el penal

En tanto, y pesar de que las requisas internas se realizan diariamente en sectores rotativos, sin previo aviso, y el decomiso de objetos debe registrarse formalmente, el director del Servicio Penitenciario remarcó que los controles a las visitas y trabajadores suelen ser insuficientes.

Asimismo, dejó claro que los elementos secuestrados no deben almacenarse en la oficina del jefe de pabellón y que su permanencia en ese lugar constituye una irregularidad. Por esto, hizo referencia a un operativo ocurrido en diciembre de 2023, cuando hallaron “puntas” y cargadores en el escritorio del jefe de pabellón. Y ratificó que las transferencias de dinero de familiares de internos al personal penitenciario están expresamente prohibidas.

Por otra parte, en la jornada también declararon investigadores de UFINAR, quienes detallaron cómo detectaron una estructura de provisión y venta de drogas en el penal, con la colaboración de un interno identificado como Manuel Méndez y su madre, María Inés Méndez.

 

La investigación se apoyó en análisis de cuentas bancarias, billeteras virtuales, escuchas telefónicas y redes sociales, permitiendo detectar mecanismos de ocultamiento y distribución de dinero y estupefacientes desde el penal hacia el exterior.

Por último, el oficial Oscar Ruiz Córdoba, de la UFINAR, presentó videos en los que se observa a un jefe de pabellón mientras dejaba pasar una bolsa blanca que no fue inspeccionada.

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