Legisladores cordobeses presentaron este lunes a la mañana una solicitud de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón para determinar la responsabilidad de ambos funcionarios en la investigación previa y posterior al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida en un descampado tras casi una semana de búsqueda. 

En el documento figuran acusaciones de negligencia grave, mal desempeño y morosidad en el ejercicio de sus funciones durante los procedimientos aplicados en el caso que conmocionó a todo el país.

El pedido surge tras la recolección de pruebas sobre el accionar de los funcionarios judiciales en relación con el historial procesal del principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier.

La iniciativa tomó impulso la semana pasada, cuando legisladores de la oposición cordobesa cuestionaron la decisión de liberar a Barrelier en 2025. En aquel entonces, enfrentaba cargos por privación ilegítima de la libertad tras haber sido denunciado por una mujer que fue encontrada semi desnuda y con precintos en sus manos, pero por disposición de la fiscalía fue liberado.

El escrito solicita la apertura del proceso de enjuiciamiento. Además, contempla la suspensión preventiva de Rodríguez y Garzón de sus cargos y, en caso de comprobarse las irregularidades, su posterior destitución. 

Entre los motivos expuestos, se mencionan demoras operativas críticas. En particular, se cuestiona una tardanza injustificada en la recepción de la denuncia inicial y en la activación del protocolo de búsqueda nacional conocido como Alerta Sofía, diseñado para casos de desaparición de menores. 

Asimismo, el documento señala retrasos en la ejecución de allanamientos y en la orden de detención de Barrelier. Estos factores son considerados elementos que obstaculizaron el hallazgo de la menor antes de que se produjera el desenlace fatal. 

Otro de los puntos cuestionados es el rol del fiscal Garzón durante la conferencia de prensa que encabezó tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, ocurrido una semana después de que se denunciara su paradero. 

"No se trata de prejuzgar ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de que los mecanismos institucionales funcionen y permitan determinar si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de las responsabilidades que exige la función judicial", asegura el texto.

Los legisladores que presentaron el pedido de jury sostienen que la transparencia institucional es indispensable y afirman: "Por respeto a Agostina, a su familia y a toda la sociedad cordobesa, creemos que cada actuación debe ser revisada con seriedad, transparencia y apego a la ley". 

La solicitud cuenta con el respaldo de un bloque amplio de legisladores provinciales. Entre los adherentes se encuentran Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Agost Carreño, Viviana Martoccia y Alejandra Ferrero. 

También suscribieron el pedido los legisladores Daniel Juez, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi y Oscar Saliba. 

El Jurado de Enjuiciamiento deberá ahora analizar la admisibilidad de la denuncia y en caso de avanzar con el pedido, se dará lugar a una etapa probatoria donde se evaluará si el comportamiento de los fiscales se ajustó a los protocolos vigentes para casos de alto riesgo y vulnerabilidad.