El crimen de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, el empresario que apareció descuartizado en una valija en julio del año pasado, que en una primera instancia supo ser un misterio, a medida que avanzó la investigación acusó a ocho sujetos, y actualmente, es decir, ocho meses después, el fiscal pidió la elevación a juicio oral contra los acusados.

Marcelo Domínguez, fiscal del caso, solicitó que Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Matías Gil, Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Fernando Carrizo, Luis Contreras y Blanca Cristaldo vayan a juicio por el asesinato del empresario.

Vargas y Pilepich son los dos acusados más complicados en el caso. Ambos eran socios de la víctima y se los señala como autores del homicidio cuádruplemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, codicia y uso de arma de fuego, en grado de coautores y partícipes secundarios y falso testimonio y encubrimiento agravado.

Mientras tanto, los otros seis también están imputados por los mismos delitos, pero con diversos grados de incidencia en el crimen.

No obstante, el fiscal también pidió en el escrito que Alma Chamorro, la primera detenida que tuvo el caso, sea sobreseída.

El caso Pérez Algaba comenzó el 19 de julio de 2023 cuando la dueña de una casa que el empresario alquilaba denunció que no sabía nada de él desde hacía varios días.

Los restos fueron hallados días después en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Los restos estaban dentro de una valija en la zona de Ingeniero Budge.

Para el fiscal del caso, el crimen del empresario —quien se dedicaba a la venta y alquiler de autos de alta gama— fue ejecutado de dos balazos por una supuesta deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrar, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con el imputado, arribando a bordo de una camioneta Mercedes Benz G500.

De acuerdo a la hipótesis de Domínguez, los homicidas actuaron por “codicia”. Sucede que tanto Pilepich como Vargas, socios en el emprendimiento inmobiliario, le debían dinero a la víctima, por lo que el homicidio podría reportarles un rédito económico.

Tras el crimen, seccionaron el cuerpo, lo embalaron y lo colocaron en una valija de color roja, con vivos negros, en una mochila con las inscripciones del municipio de Lomas de Zamora y en un envoltorio confeccionado con bolsas de consorcio y lo arrojaron en el Arroyo del Rey. Posteriormente, fue hallado en las inmediaciones de la estación de Bombeo de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, entre el 23 y 25 de julio.

En esa parte del presunto plan homicida, Carrizo, Córdoba, Gil y Contreras, habrían prestado colaboración a Pilepich y Vargas de diferentes maneras y etapas.

En tanto, Cristaldo es acusada de ayudar al primero de ellos a permanecer prófugo, al alojarlo en su casa de Paso del Rey, donde lo apresó la DDI de Lomas de Zamora.