Fiestas, robo de drogas y un anestesista muerto: quién es quién en el escándalo de las "Propofest"
La muerte de un joven anestesista en Palermo destapó una trama de consumo recreativo de drogas hospitalarias y desvío de fármacos. El rol de los profesionales imputados y el peligro de los "viajes controlados".
El hallazgo del cuerpo de Alejandro Zalazar en un departamento de Palermo encendió las alarmas de la Justicia. El anestesiólogo de 29 años, que se desempeñaba en el Hospital Gutiérrez, fue encontrado sin vida con una vía intravenosa conectada a su pie y rodeado de ampollas de propofol y fentanilo.
Lo que inicialmente se perfilaba como una tragedia individual por consumo problemático, terminó siendo la punta del iceberg de una red dedicada al robo de insumos críticos en hospitales públicos y privados para realizar las denominadas "Propofest".
La investigación, que comenzó a desandar el camino de los fármacos encontrados junto a la víctima, reveló una irregularidad que rompió el hermetismo: los lotes de medicina pertenecían al Hospital Italiano, un centro de salud donde Zalazar nunca había trabajado.
Este detalle técnico sobre la trazabilidad puso el foco sobre dos colegas del área de Anestesiología de esa institución: Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse. Según la hipótesis judicial, ambos habrían participado en el desvío sistemático de estas sustancias de uso exclusivo hospitalario para fines recreativos fuera del ámbito sanitario.
Boveri, de 45 años, era un médico de planta con trayectoria y formación en la UBA que, tras el estallido del escándalo, presentó su renuncia al Hospital Italiano.
Actualmente, el profesional se encuentra procesado por administración fraudulenta. La Justicia sospecha que su rol fue clave para vulnerar los controles de stock de los anestésicos.
Por su parte, Lanusse, residente de tercer año en la misma institución, también fue procesada bajo el mismo cargo, señalada como parte necesaria en la cadena de sustracción de los medicamentos.
La red de contactos se extendió hasta el Hospital Rivadavia, donde aparece la figura de Chantal "Tati" Leclercq. La joven médica, graduada de la Universidad Austral y amiga íntima de Lanusse, fue recientemente imputada por administración fraudulenta tras admitir ante el juez Alejandro Litvack que consumía drogas sustraídas del hospital.
Leclercq reconoció haber participado de al menos una sesión de consumo junto al fallecido Zalazar, con quien compartía un vínculo cercano desde la época en que ambos realizaron la residencia.
La situación de Leclercq es particularmente delicada para los investigadores, ya que se sospecha que pudo haber estado presente en el departamento de Palermo cuando Zalazar ya había fallecido.
La familia de la víctima denunció, además, que la médica habría manipulado el teléfono celular del anestesista antes de que interviniera la policía. En los últimos días, se realizaron allanamientos en sus domicilios de un country en Tigre y un departamento en Ciudad de Buenos Aires donde se secuestraron dispositivos electrónicos para intentar reconstruir las últimas horas del joven fallecido.
Un elemento escalofriante que se sumó al expediente proviene de las denuncias de los vecinos de Leclercq en su edificio de Palermo. En mayo de 2025, un mensaje de WhatsApp en el grupo del consorcio alertó sobre el hallazgo de agujas hipodérmicas en los filtros de las secadoras del lavadero común.
La imagen adjunta al mensaje de texto evidenciaba el descuido en el manejo de material patogénico y peligroso, lo que refuerza la teoría de un consumo sostenido y sistemático de sustancias inyectables en ámbitos privados.
El concepto de las "Propofest" que investiga la Justicia describe escenas de extrema peligrosidad bajo la promesa de un "viaje controlado". En estos encuentros privados, los participantes se administraban dosis de propofol y fentanilo, llegando incluso a utilizar bombas de infusión para alcanzar estados de sedación profunda.
La logística de estas fiestas incluía la figura de un "monitor", un asistente encargado de vigilar manualmente que los presentes no sufrieran una apnea respiratoria o un paro cardiorrespiratorio mientras estaban bajo los efectos de la anestesia.
Testigo
Otra pieza clave en el rompecabezas es el testimonio de "Mechi S.", una residente del Hospital Italiano que, aunque no está imputada, aportó datos fundamentales sobre el comportamiento de sus colegas.
Según su declaración, ya en 2025 Lanusse le había confesado que consumía propofol junto a Boveri. Fue el cambio radical en la conducta de su amiga lo que la llevó a romper el silencio y alertar a sus superiores este año, cuando la situación se tornó insostenible y peligrosa para la seguridad de los pacientes.
Actualmente, la causa principal por el robo de medicamentos en el Hospital Italiano está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento. El magistrado ya dictó el procesamiento y embargos millonarios para Boveri y Lanusse: 70 millones de pesos para el primero y 30 millones para la segunda.
Aunque por el momento no se les aplicó la prisión preventiva, ambos tienen prohibido salir del país y mantienen restricciones de contacto mientras se esperan los resultados finales de las pericias toxicológicas y de trazabilidad.
Otro expediente
En una causa paralela, la imputación de Leclercq por la sustracción de ketamina, fentanilo y midazolam del Hospital Rivadavia busca determinar si existe una unificación de expedientes.
La médica confesó que su consumo recreativo se remontaba a tiempo atrás, admitiendo incluso el uso de cocaína y micropunto durante un viaje a Colombia realizado junto a Lanusse a principios de este año. Su defensa sostiene que el consumo siempre fue fuera del horario laboral, aunque la sustracción de los insumos constituye un delito penal grave.
La Justicia cree que los involucrados aprovechaban sus cargos jerárquicos y los turnos de guardia para vulnerar los depósitos de anestesiología.
El propofol y el fentanilo son drogas de manejo crítico que, sin la asistencia respiratoria adecuada y el entorno quirúrgico, se convierten en armas letales, tal como ocurrió en el caso de Zalazar.
Los dispositivos electrónicos secuestrados y las pericias histopatológicas pendientes serán determinantes para cerrar el círculo sobre los responsables de estas fiestas clandestinas y entender cómo un grupo de profesionales terminó convirtiendo el quirófano en su propio proveedor de "viajes" sin retorno.
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