Un nuevo y tenso cruce de declaraciones sacudió este martes la vigesimoprimera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. El médico clínico Pedro Di Spagna solicitó sentarse frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón para responder de manera directa a las acusaciones vertidas previamente por el neurocirujano Leopoldo Luque. Los dos están acusados de homicidio simple con dolo eventual.

 "Antes que nada quiero decir que los médicos nos recibimos de médico. Porque acá parece que un neurocirujano es otra cosa, pero nosotros nos recibimos de médicos. Yo no decidí nada. No presioné a la familia ni a las hijas a llevarlo a un domicilio", dijo Di Spagna.

El médico clínico buscó despegarse de la responsabilidad de la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre donde murió El Diez y fue tajante al afirmar ante el tribunal que él nunca tomó decisiones sobre la salud del paciente ni firmó actas.

Luque, quien declaró por novena vez en el marco del debate, había apuntado horas antes contra Di Spagna y contra Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga, señalándolos como los encargados exclusivos de supervisar "la parte clínica".

El neurocirujano intentó desvincularse argumentando que desconocía las falencias del tratamiento debido a que su especialidad era la neurocirugía y no la clínica médica. 

Respuesta

La respuesta de Di Spagna en el estrado no se hizo esperar y marcó una fuerte contradicción en las versiones de los imputados que formaban el entorno médico del exfutbolista

El clínico relató que su convocatoria fue estrictamente en calidad de interconsultor externo y detalló las severas dificultades que tuvo para tomar contacto con el paciente en el country de Tigre.

 "Yo nunca tomé el rol de médico de Maradona. No figuraba ni en la lista de ingreso al country y las dos veces que fui fue superengorroso porque los guardias nos dijeron que no estábamos autorizados", sostuvo en su indagatoria. 

El acusado remarcó que los interconsultores médicos carecen de la potestad para definir tratamientos de forma autónoma y que su capacidad de acción se limita únicamente a realizar sugerencias técnicas.

"Él tenía sus médicos tratantes, su médico de cabecera. Los interconsultores solo podemos sugerir, que fue lo que hice, pero la decisión final es de los médicos tratantes", señaló. 

Visitas

En esa misma línea, el clínico subrayó que la primera vez que fue convocado, el 12 de noviembre de 2020.  

"Fui para hacer un informe de Diego Maradona. Fue la única vez que vi a Maradona. De camino, Forlini (coordinadora de la prepaga imputada) llama a Jorge Macías, que fue mi acompañante, un neurocirujano también convocado para ir a atenderlo. Forlini lo llama a Macías y le dice que podía hacer un informe, pero sin tomar conducta porque sus médicos personales eran muy celosos", afirmó. 

  "Yo lo vi bien ese día", señaló el médico clínico ante los jueces. 

Posteriormente, Di Spagna recordó un segundo episodio ocurrido el 18 de noviembre de 2020, cuando regresó a la vivienda junto a un nutricionista.

"Maradona no nos quiso recibir. Ese día estaba Luque. Nosotros llegamos y tuvimos que esperarlo a Luque porque nos dijeron que él era el médico de Maradona. Cuando llegó, se presentó así. Ingresó él solo a la habitación de Maradona", relató.

Al salir, el neurocirujano les comunicó que el exfutbolista no quería ser atendido por el equipo clínico. "Pedí que me lo diga el paciente y no me dejaron. Yo pedí una constancia legal porque me pareció pertinente, ya que yo quise atenderlo. Yo no tenía teléfono de nadie", afirmó Di Spagna. 

La causa judicial continúa su curso con ocho profesionales de la salud sentados en el banquillo de los acusados por las presuntas negligencias médicas que rodearon los últimos días de vida de Maradona.

 Junto a Luque y Di Spagna, se encuentran imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora Nancy Forlini, los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, además de la enfermera Dahiana Madrid, quien aguarda un proceso separado mediante un juicio por jurados populares que actualmente se encuentra demorado por recursos de recusación contra la magistrada interviniente. Todos afrontan cargos que contemplan penas de entre 8 y 25 años de prisión.

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