Mendoza: impulsan una ley para cobrar por los rescates a personas que realicen actividades de riesgo en la montaña
El gobierno provincial envió un proyecto a la Legislatura local para que se pague por el salvataje “si hay negligencia”. Qué actividades contempla.
El Poder Ejecutivo de Mendoza envió a la Legislatura local un proyecto para que se cobre por los rescates a personas que realicen actividades de riesgo en la montaña y zonas aisladas “si hay negligencia”.
La iniciativa busca que se pague por el salvataje de quienes se pierdan en un sendero entre picos, que se caigan en una grieta o que se hundan en el lodo con una camioneta 4x4.
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La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, aseguró en declaraciones a la prensa local que el proyecto oficialista no persigue un fin recaudatorio, sino preventivo. "Esta ley es para que quienes realizan actividades de riesgo, midan las consecuencias. Hay peligro en muchos parques provinciales, diques y ríos, donde es habitual que personas sin preparación ni equipamiento cometan errores", argumentó.
Según datos oficiales, la Patrulla de Rescate de la Policía provincial incrementó en un 34% la cantidad de operativos en la montaña en comparación con la temporada anterior.
El aumento está relacionado con el auge de actividades al aire libre tras la pandemia de Covid-19, caracterizado por la búsqueda de contacto con la naturaleza mediante actividades deportivas.
El Estado de Mendoza cuenta con unidades especializadas que intervienen en situaciones extremas, como el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), la División de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), con intervención frecuente en operativos de salvataje en la Cordillera de los Andes.
El proyecto busca sumar el artículo 26 bis a la ley N° 6.722, para habilitar al Estado provincial a fijar un monto a cobrar, determinado por la Ley Impositiva sobre la base de factores como la cantidad de patrullas desplegadas, el uso de helicópteros, drones y riesgos asumidos.
La ministra Rus aclaró que se trata de una herramienta legal que se aplicaría en situaciones específicas. “Se tendrá en cuenta qué riesgos asumió (el rescatado), si cumplió con los protocolos de usos y costumbres, y si llevó dispositivos para estar comunicado y el equipamiento necesario, entre otras cuestiones previsibles", apuntó.
