El Gobierno convocó a un nuevo encuentro paritario para tratar la actualización salarial del personal de la Administración Pública Nacional. La reunión se llevará a cabo este viernes 19 de julio a las 15 en la sede de la Secretaría de Trabajo.

La última negociación se había llevado a cabo en mayo. En esa ocasión los dirigentes sindicales habían planteado que los ofrecimientos de recomposición salarial debían superar los porcentajes de inflación, para recuperar el atraso existente. La conducción general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repetirá la exigencia.

Para ello se amparó en los dichos del propio presidente Javier Milei, quien reconoció en declaraciones periodísticas que los salarios de la administración pública evolucionaron por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) que calcula el Indec.

“Son los propios datos oficiales los que muestran que la presión inflacionaria sobre los salarios continúa. Esperamos que el Gobierno realice un ofrecimiento que se ubique por encima de la evolución que han tenido los precios en los últimos meses”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

 

 

“El congelamiento salarial que decidió aplicar el Gobierno empujó a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza sólo en el último trimestre. Y hasta ahora, el superávit fiscal que desde el Gobierno festejan se asienta sobre un deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos”, reclamó el sindicalista.

En lo que va del año hubo tres instancias de incrementos: 16% en enero, 12% en febrero y 8% en marzo. En esa oportunidad, ATE rechazó esos porcentajes, mientras que otros sindicatos del sector (como UPCN) los aceptaron.

 

 

Además, la negociación del convenio 214/06 finalizó su periodo 2022-2023 en mayo con una pérdida del poder adquisitivo del 22,4%, según los cálculos de ATE.

Según un informe elaborado por esa entidad, el salario mínimo para una familia tipo debe ser de $1.309.303 de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza. En este contexto, el 75% de los estatales son pobres.

“Tiene que quedar claro que no queremos aumentos en cuotas y necesitamos una rápida inyección de recursos en los bolsillos de todos los trabajadores”, dijo Aguiar.

"Los trabajadores municipales siguen siendo los más postergados y la precariedad laboral es grave en la mayoría de las comunas del país. El precepto constitucional que asegura que por igual tarea debe existir igual remuneración, no se cumple. Hoy un trabajador municipal cobra dos o hasta tres veces menos que un provincial y en muchos casos hasta cinco veces menos que alguien que se desempeña en un organismo nacional”, concluyó Aguiar.

 

Reducción de personal en la Administración Pública: cuál es la posición de ATE

 

A la par, desde los gremios estatales harán hincapié en la reducción de personal que viene implementándose en distintas dependencias, a partir de la implementación del polémico DNU 70/23 (que fue impugnado judicialmente por la Confederación Gremial del Trabajo) y de las iniciativas oficiales para reducir el gasto en salarios públicos.

 

 

Según cálculos extraoficiales, en lo que va del año fueron desvinculados unos 25 mil agentes. Algunas dependencias, como el exMinisterio de las Mujeres, Género y Diversidad, y otras reparticiones desde las que se hacían política de género, quedaron desmanteladas, al igual que el INCAA.

Pese a la queja de los dirigentes estatales, el Gobierno no sólo ratificó los despidos en los que avanzó durante los primeros siete meses de gestión, si no que avisó que habrá más gente fuera del Estado, hasta completar un recorte que supere las 70 mil personas.