El Gobierno dispuso este viernes una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. De este modo, se confirmó un incremento del 2,10% para todas las prestaciones a partir de junio.

La medida quedó establecida esta madrugada mediante la Resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial. La Secretaría Nacional de Discapacidad, a cargo de Alejandro Vilches, tomó la decisión luego de evaluar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026. 

En esa línea, además del aumento general, la normativa ratificó un adicional del 20% sobre el valor básico de las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, consideradas zonas desfavorables por sus mayores costos operativos y logísticos.

Entre los principales valores actualizados, la prestación de centro de día con jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92, mientras que la jornada simple aumentará de $551.687,35 a $563.272,78. 

En el caso de los centros educativos terapéuticos, los nuevos aranceles alcanzarán los $1.189.351,59 para jornada doble y los $649.532,62 para jornada simple.

En tanto, también se actualizaron los montos destinados a tratamientos específicos. Desde junio, las prestaciones de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42, mientras que los módulos integrales intensivos de rehabilitación ascenderán a $173.795,66. Asimismo, las modalidades que incluyan hospitalización de día por jornada simple alcanzarán los $624.939,96.

En paralelo, los nuevos valores fijan una cobertura de $865,07 por kilómetro recorrido para los servicios de transporte y de $4.740,29 en concepto de alimentación. 

La actualización se produce en un contexto de reclamos por parte de beneficiarios, familiares y prestadores, quienes piden la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado. En esa línea, diversas organizaciones sostienen que los incrementos continúan por debajo de los costos reales del sistema y advierten sobre dificultades para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Por su parte, el Gobierno impulsa el proyecto de ley denominado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que propone una profunda reforma del régimen vigente. 

La iniciativa contempla un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios, mayores controles sobre las pensiones no contributivas, nuevas condiciones de acceso y la posibilidad de suspender beneficios ante inconsistencias detectadas durante los procesos de fiscalización. Además, el proyecto establece que las pensiones por invalidez equivaldrían al 70% de la jubilación mínima y plantea incompatibilidades con empleos formales registrados.