Los millonarios créditos obtenidos en el Banco Nación por funcionarios del Gobierno de Javier Milei fue uno de los temas que caló hondo en la opinión pública en las últimas semanas y golpeó aún más a la deteriorada imagen de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ya afectada por escándalos como el que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cuando el tema de los créditos empezó a trascender, en especial en redes sociales, las autoridades del Banco Nación modificaron la resolución que le permitió a varios funcionarios conseguir créditos hipotecarios. En promedio, las sumas otorgadas rondan los 250.000 dólares.

Cuál fue el cambio

La resolución 802 había sido alterada en septiembre de 2024 por el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Dario Wasserman, para aclarar que funcionarios del Gobierno y políticos podían acceder a los créditos. "Se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo...cargos políticos designados por resolución o electivos...", menciona la normativa.

De esta forma, varios funcionarios del Gobierno, sobre todo del Ministerio de Economía, obtuvieron créditos hipotecarios, la mayoría para segunda o tercer vivienda, pero cuando el tema tomó estado público, las autoridades del Nación eliminaron ese apartado mediante una nueva circular, la N° 0092/2026.

En enero de este año, Wasserman, que había asumido como presidente del Nación apenas un mes antes, autorizó a que el banco "resuelva aprobar adecuaciones a los reglamentos" y se modificó la resolución para eliminar el renglón de "cargos políticos designados por resolución o electivos".

De esta forma lo que arrancó como un cuestionamiento ético en las redes sociales, derivó en modificaciones a la normativa. Y pese a que el propio presidente Javier Milei justificó el accionar de los funcionarios que accedieron a los créditos, uno de los partidos de la oposición, la Coalición Cívica, presentó una denuncia penal ante la Justicia.

El objetivo es que se analice si hubo irregularidades y conflicto de intereses en las carpetas aprobadas para los funcionarios Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, y los diputados Mario Campero, Lorena Villaverde, y Alejandro Bongiovanni, entre otros.