La tensión legislativa en el Congreso alcanzó su punto máximo este miércoles durante el inicio de la sesión especial para debatir las reformas económicas clave del oficialismo. 

Con el número de legisladores al límite estricto para iniciar el debate, los micrófonos del recinto registraron un fuerte exabrupto de Martín Menem, presidente del cuerpo, dirigido hacia el diputado de su propio bloque y flamante vocero gubernamental, Adrián Ravier.

"Uno falta. ¡Adrián, Ravier, Ravier...! ¡La p.. madre!", exclamó la máxima autoridad de la Cámara baja mientras observaba con desesperación el tablero electrónico que marcaba 128 legisladores sentados, a tan solo una banca de destrabar el debate estratégico para la administración central.

El tenso momento previo al quórum oficialista

La filtración del audio se produjo en los segundos previos a que se habilitara la discusión de la ley. 

Tras el exabrupto, la confirmación del diputado número 129 desató los aplausos de la bancada de La Libertad Avanza, permitiendo que el legislador riojano formalizara el inicio del debate con la frase institucional obligatoria.

Qué es el "super-RIGI" y por qué es clave para el Gobierno

El eje central de la jornada es el proyecto del Ejecutivo denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (super-RIGI). 

La propuesta de Javier Milei busca dotar de estabilidad normativa y beneficios fiscales a capitales de gran escala orientados a sectores económicos experimentales o sin desarrollo actual en el país.

Para que el sistema de incentivos adquiera plena vigencia territorial, las provincias y los municipios deberán adherir de forma integral al marco regulatorio, el cual sumó el visto bueno de sectores dialoguistas tras garantizar cupos para proveedores locales.

Cierre del default de 2001 con bonistas internacionales

El segundo punto de la orden del día comprende el aval parlamentario al acuerdo con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, una medida que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores.

La normativa bajo debate faculta al Estado argentino al desembolso de 171 millones de dólares para cancelar obligaciones con aquellos tenedores de deuda que quedaron fuera de las reestructuraciones previas del default de 2001, un paso considerado indispensable por el Palacio de Hacienda para restablecer el crédito internacional.