El Gobierno oficializó este martes la eliminación del régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. 

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Deróganse las resoluciones 717 del 14 de agosto de 2018, 567 del 13 de septiembre de 2019, 536 del 8 de agosto de 2022 y 549 del 3 de octubre de 2023, todas ellas del entonces Ministerio de Transporte, y déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674", destaca el artículo 1 de la normativa.

La decisión deroga una serie de resoluciones vigentes desde 2018 que establecían subsidios parciales para las compañías de transporte automotor interjurisdiccional. De este modo, se buscaban cubrir el costo de los boletos gratuitos contemplados por distintas leyes nacionales de protección social.

Desde el Gobierno argumentaron que el nuevo esquema de "libertad tarifaria" implementado en el sector cambió las condiciones económicas que daban sustento a esas compensaciones. 

En ese sentido, a partir de la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio, las empresas pueden fijar libremente precios, recorridos y horarios, por lo que ahora deberán absorber esos costos dentro de su propia estructura económica.

No obstante, en la disposición, que lleva la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich, se aclara en el artículo 2 de la medida que la eliminación de los subsidios no afecta el derecho de las personas beneficiarias a seguir viajando gratis. De esta manera, las empresas continuarán obligadas a emitir pasajes sin cargo para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, tal como lo establecen las leyes vigentes.

En tanto, el Ejecutivo asignó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener los controles y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de esos beneficios en todo el país.

El Gobierno señaló que el nuevo marco normativo "basado en la libertad tarifaria, la simplificación normativa y la promoción de la competencia" modificó "los presupuestos fácticos y jurídicos" que sostenían las compensaciones económicas. 

Asimismo, indicaron que las empresas de transporte actualmente cuentan con herramientas para "internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad", por lo que consideraron innecesario seguir con el esquema de subsidios estatales que se encontraba vigente.