El Gobierno atará los subsidios a colectivos al rendimiento de las empresas: cómo funciona el nuevo esquema
La Secretaría de Transporte aprobó una metodología que incorpora indicadores de calidad, frecuencia y antigüedad de flota para distribuir las compensaciones tarifarias a las líneas del AMBA a partir de junio.
El Gobierno oficializó un cambio en la forma en que distribuye los subsidios al transporte automotor de pasajeros: a partir de las liquidaciones de junio de 2026, parte de las compensaciones tarifarias que reciben las empresas de colectivos de jurisdicción nacional comenzarán a depender del desempeño operativo de cada línea.
La medida fue establecida mediante la Resolución 31/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a cargo de Mariano Plencovich, y alcanza a las empresas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Qué mide el nuevo esquema y cómo afecta a las empresas
El núcleo del cambio es la creación de un índice de operatividad que permitirá comparar el funcionamiento de las distintas prestatarias. Los parámetros que integran ese índice incluyen el cumplimiento de recorridos, el respeto de las frecuencias programadas, la antigüedad de las unidades y los kilómetros efectivamente recorridos.
Para construirlo, la Subsecretaría de Transporte Automotor recurrirá a información de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), del sistema SUBE y de Nación Servicios S.A.
El objetivo declarado es pasar de un modelo de reparto que el propio Gobierno reconoció como mejorable en términos de incentivos, hacia uno que "promueva la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos y fortalezca los mecanismos de control y trazabilidad", según establece la resolución.
Por qué el cambio tiene peso fiscal y político
La reforma se enmarca en la estrategia oficial de revisión del gasto en subsidios económicos, uno de los frentes que el Gobierno de Javier Milei identificó como prioritarios en su programa de ajuste. El transporte es uno de los sectores que más asistencia estatal recibe para sostener las tarifas que pagan los usuarios.
Con el nuevo esquema, el Estado no solo pretende distribuir mejor los fondos existentes sino también generar presión sobre las empresas para mejorar el servicio: las que acrediten mayor cumplimiento operativo accederán a una porción mayor de las compensaciones, mientras que las de peor desempeño verán reducida su participación en el reparto.
