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El Gobierno de Javier Milei designó a Gustavo Coria como director ejecutivo de la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas

El Ejecutivo confirmó el nombramiento del funcionario al frente del organismo que está integrado por representantes elegidos por los propios ex combatientes de distintas regiones del país. La medida fue confirmada esta madrugada mediante la Resolución 25/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El Ministerio del Interior oficializó este miércoles la designación de Gustavo Javier Coria, actual secretario de Interior, como representante del Gobierno nacional ante la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas. Además, el funcionario asumirá el cargo de director ejecutivo del organismo encargado de articular políticas públicas para los veteranos de la guerra del Atlántico Sur.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la Resolución 25/2026, publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro del Interior, Diego Santilli. En el documento también se establece que Coria ejercerá simultáneamente la Dirección Ejecutiva de la comisión.

La Comisión Nacional de Ex-Combatientes fue creada en 1994 a través del Decreto N° 1741/94 con el objetivo de coordinar acciones del Estado vinculadas a los derechos, necesidades y reconocimiento de los veteranos de la guerra de las Islas Malvinas y de sus familias.

En esa línea, cabe destacar que el organismo está integrado por representantes elegidos por los propios ex combatientes de distintas regiones del país, además de un delegado del Gobierno nacional, tal como establece la normativa vigente.

En los fundamentos de la resolución se destaca el trabajo que realizan las asociaciones de veteranos desde hace más de cuatro décadas, especialmente en la difusión de la causa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como en el acompañamiento social y educativo a los ex combatientes y familiares de los caídos en combate.

Por último, el nombramiento de Coria se concretó tras la intervención del servicio jurídico del Ministerio del Interior, que avaló su designación dentro del marco de sus competencias administrativas. Con esta decisión, se buscó reforzar la coordinación institucional y el acompañamiento estatal a los veteranos de la guerra.

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