El Gobierno oficializó este jueves la designación de Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y aceptó la renuncia de Daniel Roque Vítolo al frente de ese organismo.

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 144/2026, publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La disposición establece que la salida de Vítolo y el nombramiento de Ramírez rigen desde el 6 de marzo de 2026. En esa línea, la normativa también incluye un agradecimiento al funcionario saliente por los servicios prestados a lo largo de su gestión.

Esta decisión fue confirmada tras la oficialización de la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. En este contexto, el cambio más sensible fue la salida de Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en la embestida contra la AFA y que había solicitado incorporar veedores en la entidad del fútbol.

"Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta", confirmó en ese momento Mahiques en una entrevista en A24. Dicho organismo controla, registra y fiscaliza a las sociedades y entidades civiles, por lo que se convirtió en uno de los instrumentos del Gobierno en su lucha contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

¿Quién es Alejandro Ramírez?

Alejandro Horacio Ramírez, abogado de 42 años y profesor universitario vinculado a la Universidad Austral, fue propuesto como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Especialista en Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), fue coautor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, representó a la Argentina ante la Naciones Unidas y publicó trabajos académicos sobre derecho societario.

En su trayectoria reciente también protagonizó un conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia. Como abogado, representó a la empresa noruega Berg Watches en una demanda contra la AFA por presunto incumplimiento de un contrato para producir relojes de edición limitada de la selección argentina, luego de que la firma denunciara falta de promoción y otras irregularidades en el acuerdo.