El Gobierno rechazó el recurso presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y dejó firme la modificación del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que introduce cambios en los plazos de vigencia y en la competencia del mercado de inspecciones. 

La solicitud impulsada por casi 30 empresas prestadoras, buscaba frenar la aplicación del Decreto 196/25. Los empresarios explicaron que la extensión de los intervalos entre verificaciones y la apertura del servicio a nuevos actores ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la "independencia de criterios" de las inspecciones.

Asimismo, señalaron que permitir que los concesionarios realicen las inspecciones vulnera la independencia de criterio técnico necesaria para evaluar el estado de los vehículos. 

La nueva normativa detallada en el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece que los vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión técnica a los 5 años de su patentamiento, extendiendo el plazo que anteriormente era de 3 años. 

Para los rodados que tengan hasta 10 años de antigüedad, la frecuencia del control pasa de ser anual a realizarse cada dos años, reduciendo la periodicidad de la fiscalización obligatoria para el parque automotor moderno. 

Además, el decreto establece la eliminación de la exclusividad territorial y operativa. De este modo, las autoridades jurisdiccionales ya no tienen la facultad de limitar el número de talleres habilitados ni de fijar bandas tarifarias mínimas o máximas. 

Esta desregulación busca que el valor del servicio se determine mediante la libre competencia entre los prestadores y la demanda de los usuarios. 

El decreto también autoriza a concesionarias, importadores y talleres mecánicos convencionales a prestar el servicio de verificación, siempre que cumplan con los protocolos exigidos. Hasta esta reforma, la actividad estaba restringida a centros de inspección que poseían la exclusividad para realizar tareas de RTO. 

Ante el reclamo por un posible conflicto de intereses en las concesionarias, el Ejecutivo dictaminó que la transparencia del sistema depende de la fiscalización de los procesos y no de la restricción de quién presta el servicio. El argumento oficial sostiene que las barreras de entrada para nuevos competidores funcionaban como obstáculos injustificados que limitaban la oferta y encarecían el trámite. 

Sobre las preocupaciones en torno a la seguridad vial, el Gobierno justificó la medida basándose en estadísticas internacionales. El documento oficial indica que la prevalencia de los siniestros viales responde a factores humanos, como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad o las distracciones, y no a fallas mecánicas derivadas de la antigüedad de los controles técnicos. 

La reforma también suprimió el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento requerido previamente para validar modificaciones realizadas en vehículos. Bajo la nueva normativa, la responsabilidad técnica recae sobre el profesional matriculado que firma la reforma, eliminando una instancia de validación intermedia ante organismos. 

Sturzenegger celebró la reforma que pone fin al "peaje" administrativo

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la decisión "allana la reforma" y permite que la oferta de servicios se equipare a estándares internacionales, donde los talleres habilitados y las agencias oficiales conviven en el mercado de las revisiones. 

Sturzenegger también calificó al sistema de gestión anterior del ICM como un "peaje" administrativo. Según el ministro, el trámite generaba un costo adicional innecesario para los usuarios al obligar a pagar por una verificación que ya contaba con el aval de talleres habilitados y una revisión técnica posterior, simplificando así la cadena de trámites del automotor.