La declaración de Agustín Issin Hansen en los tribunales de Comodoro Py sumó este jueves un capítulo determinante en la investigación por el polémico viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El piloto y broker, que brindó testimonio durante cuatro horas ante el juez Ariel Lijo, aportó documentación y registros de su teléfono celular que contradicen la versión oficial sostenida por el Gobierno sobre el financiamiento del traslado privado desde Uruguay.

Issin Hansen detalló que el vuelo no fue pagado por el funcionario nacional, sino por el periodista Marcelo Grandio, un amigo personal de Adorni que posee contratos vigentes con la TV Pública. Según el relato del testigo, él mismo adquirió previamente un paquete de diez viajes a la empresa Alpha Centauri por un valor total de 42.250 dólares y luego le vendió a Grandio el tramo específico que utilizó el jefe de Gabinete para regresar a Buenos Aires tras el fin de semana largo de Carnaval.

Facturas bajo la lupa y versiones cruzadas

Uno de los puntos que mayor interés genera para la Justicia es la demora en la facturación del servicio. El comprobante por 3.000 dólares fue emitido recién el 9 de marzo, casi tres semanas después de realizado el vuelo, coincidiendo con el momento en que el viaje tomó estado público. Al respecto, el piloto justificó ante los investigadores que el retraso se debió a que se encontraba de vacaciones y que confeccionó el documento inmediatamente después de retomar su actividad laboral.

Mientras tanto, la Justicia ya cuenta con la confirmación de que el paquete de viajes original fue abonado en efectivo, lo que incrementa las dudas sobre el origen de los fondos. Por su parte, Manuel Adorni insistió en sus últimas apariciones en la Casa Rosada en que el gasto fue cubierto con dinero familiar, aunque hasta el momento no se han presentado facturas a su nombre ni se ha aclarado por qué los documentos legales figuran a nombre de su allegado.

En paralelo a esta declaración, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron allanamientos en las oficinas de la firma de taxis aéreos en el aeropuerto de San Fernando para secuestrar documentación contable. El foco de la investigación continúa puesto en las contradicciones de Grandio, quien ha dado diversas versiones sobre el pago, y en la falta de comprobantes que respalden la postura del jefe de Gabinete sobre una supuesta transacción privada realizada con fondos propios.