Financiamiento universitario: el Gobierno ofreció el 24% de aumento para destrabar el conflicto
El Ministerio de Capital Humano hizo una propuesta salarial antes de que llegue un fallo de la Corte Suprema. La oferta incluye fondos a cambio de que las universidades retiren sus demandas contra el Estado.
El Gobierno nacional presentó este jueves una propuesta de aumento salarial del 24% para los docentes universitarios. Con esta oferta, buscan que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el conflicto por la Ley de Financiamiento.
Desde Casa Rosada aguardan una respuesta por parte de las autoridades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La propuesta diagramada por la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, incluye una suba salarial del 24,3% para compensar la caída del poder adquisitivo acumulada en 2024 y 2025.
Qué incluye la oferta del Gobierno a las universidades nacionales
El Gobierno prevé fraccionar el pago del incremento en dos etapas correlativas. El primer tramo consistirá en un aumento del 21,3% en junio, mientras que el 3% complementario se abonará en octubre.
Asimismo, el Ministerio de Capital Humano incorporó al ofrecimiento una actualización del 50% en las partidas destinadas a las Becas Manuel Belgrano, junto con un alza del 20% para los gastos de funcionamiento institucional.
El paquete se completa con una asignación de 50.000 millones de pesos orientada al financiamiento de los centros de salud dependientes de las universidades.
De concretarse el acuerdo, se establecería la constitución de una comisión encargada de auditar los reclamos por pasivos financieros acumulados desde el ciclo 2024.
A su vez, el documento prevé establecer un régimen de paritarias trimestrales automáticas para las discusiones venideras. No obstante, representantes de los rectorados señalaron que la propuesta oficial carece de precisiones respecto a las pautas de distribución de un fondo superior a los 79.000 millones de pesos para los hospitales.
La normativa de financiamiento universitario bajo análisis impone al Gobierno la obligación de indexar las retribuciones del personal y el valor de los subsidios estudiantiles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.
El cumplimiento de este acuerdo demandaría un gasto estimado en 2,5 billones de pesos, lo cual colisiona con la meta de superávit fiscal que sostiene el Ministerio de Economía.
Desde la Secretaría de Políticas Universitarias informaron que la concreción de las medidas propuestas se encuentra supeditada a que las universidades nacionales procedan a desistir de la acción judicial iniciada para exigir la aplicación obligatoria de la ley de financiamiento.
Se prevé que ambas partes mantengan una nueva audiencia de negociación el viernes próximo. Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional someterán el proyecto a evaluación con los sindicatos de profesores, el personal no docente y las organizaciones estudiantiles.
