La Justicia ordenó y se encuentra a la espera de un informe bancario sobre las cuentas de Florencia Kirchner, en el marco del proceso de ejecución de sentencia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) aguarda el detalle de los fondos para proceder con el decomiso de cinco millones de dólares.

Así lo ordenó el tribunal, conformado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, tiene a su cargo la recuperación de los fondos públicos afectados por la administración fraudulenta en la obra pública de la provincia de Santa Cruz. 

 La medida se inscribe dentro del proceso de ejecución de sentencia dictada contra la ex vicepresidenta, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros exfuncionarios.   

Tras la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el TOF 2 activó los mecanismos de recuperación de fondos. El monto total determinado por los peritos contables asciende a 685.000 millones de pesos, cifra calculada a partir de los sobreprecios y las irregularidades detectadas en las 51 licitaciones viales asignadas de manera direccionada al Grupo Austral. 

La Cámara de Casación rechazó recientemente los planteos de la defensa y convalidó la orden de avanzar sobre una nómina inicial de 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

Aunque los abogados de la ex mandataria interpusieron un recurso de queja ante el máximo tribunal para frenar la ejecución patrimonial, fuentes de los tribunales de Comodoro Py aclararon que dicha presentación carece de efectos suspensivos sobre el trámite en curso.

Dentro de las solicitudes judiciales se detalla la incautación de un total de 141 inmuebles, de los cuales 13 corresponden a firmas comerciales de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, además de un lote de 46 vehículos automotores. 

En esta fase se incluyeron además los activos financieros atribuidos a la hija de la ex jefa de Estado. Las sumas bajo la lupa bancaria constan de 4.664.000 dólares localizados en una caja de seguridad y 992.134 dólares depositados en una caja de ahorro de una entidad bancaria privada, junto con un remanente en moneda nacional de 53.280,24 pesos. 

Estos valores fueron inmovilizados en el expediente Hotesur, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita, debido a la ausencia de documentación que acreditara su origen legítimo. 

El magistrado Giménez Uriburu, encargado del control de la ejecución, estableció que resultarán elegibles para el decomiso todos aquellos bienes muebles o inmuebles incorporados a los patrimonios de los imputados en el período comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. 

Bajo esta premisa, la segunda etapa del proceso abarca al hotel Alto Calafate, una propiedad en la calle San José 1111 perteneciente a Los Sauces SA, y residencias ubicadas en Río Gallegos y El Calafate. 

El fiscal Luciani fundamentó la urgencia de las medidas al señalar que el perjuicio económico consistió en "la defraudación colosal a la Administración pública". 

El letrado argumentó que los condenados "registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años". 

Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal se enfatizó la necesidad de aplicar de manera uniforme las normativas vigentes sobre la recuperación de activos de origen ilícito. Según la presentación del fiscal, "para la sociedad argentina -cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa-, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos".

Por su parte, los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky respaldaron el criterio de ejecución inmediata del TOF 2. El tribunal remarcó en su resolución que carece de consistencia jurídica que el Estado dicte una sanción de carácter penal y "permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos".

Los magistrados explicaron en los fundamentos del fallo que, si bien el decomiso constituye una penalidad de tipo accesorio sobre el patrimonio, esta herramienta "forma parte de la reacción estatal frente al delito y cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos". 

La resolución concluyó que el decomiso "no sólo busca recuperar activos, sino también expresar de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas".