La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su sede al partido bonaerense de Pilar. Con este cambio, la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia quedó fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que tiene jurisdicción en CABA. Además, declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la asociación.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones consideró que los controles están ya en manos de la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, tras el cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la "Asociación del Fútbol Argentino" en esa jurisdicción.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

"Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", consideraron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset.

Se trata de la mudanza de la sede social de la AFA presidida por Tapia, que hasta esa fecha estuvo en la calle Viamonte en la ciudad de Buenos Aires a Mercedes 1366 en la localidad de Pilar.

Nulidad a la designación de veedores

Por otra parte, la Cámara decidió "admitir" las quejas presentadas por la AFA y en consecuencia "declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil - 'Asociación del Fútbol Argentino' del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia" y además "declarar la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ dictada en fecha 16 de marzo de 2026 por el Sr. Ministro de Justicia de la Nación", Juan Bautista Mahiques, que designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó anomalías en el funcionamiento institucional de la entidad.

Los camaristas recordaron que la Asamblea General de la AFA del 17 de octubre de 2024, aprobó por unanimidad la modificación del estatuto para establecer que el domicilio social de la asociación se encuentre en la provincia de Buenos Aires.

Según el fallo, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción mediante la Resolución 9000/2024 y consolidó la radicación definitiva de la entidad en territorio provincial. Frente a ello, la Cámara sostuvo que la IGJ carece de competencia para realizar inspecciones, cuestionar la existencia de la sede social o revisar decisiones adoptadas por el ente.

"Si un organismo público provincial emite un acto administrativo, en tanto no resulte impugnado, goza de la misma validez que los actos de los organismos nacionales o federales en su órbita de competencia", evaluaron los camaristas. Y ante ello "la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones del Departamento de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires".

Por lo tanto, y "al no haber sido cuestionada su validez, el domicilio social que motiva el cambio de jurisdicción goza de plena eficacia con sus consecuencias jurídicas". "En particular, estar bajo el control de un organismo provincial a cargo del poder de policía de las personas jurídicas", agregó el fallo.

Situación de los estados contables

Sobre el control de los estados contables de la AFA, en la sentencia se advirtió que "no es resorte exclusivo de la IGJ el ejercicio de esta potestad sino que, en cambio, ella corresponde a quien posee la competencia territorial".

Ante ello "mal puede so pretexto de un proceso de fiscalización abierto dejar cautiva a una entidad en una jurisdicción" cuando el control puede "continuarse ante aquella que corresponde conocer".

"La responsabilidad por los estados contables no desaparece por el cambio de jurisdicción, sino que el nuevo organismo administrativo deberá ejercer las facultades que las disposiciones reglamentarias imponen a efectos salvar las inconsistencias que pudieran existir", añadió.

La nueva sede fue otorgada por la Municipalidad de Pilar a la AFA mediante un contrato de comodato que se firmó el 27 de septiembre de 2024, y que le dio a la asociación que preside Tapia el "uso y goce del inmueble" para oficinas y reparticiones.

La decisión no influye en la marcha de investigaciones penales abiertas contra la AFA y sus dirigentes por delitos como presunto lavado de dinero en base a propiedades que también están en Pilar, entre ellas una mansión valuada en 17 millones de dólares.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que esta pesquisa vuelva a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y salga de la órbita de la justicia federal de Campana, adonde había sido enviada.

Por otro lado, tanto Tapia como el tesorero de la AFA Pablo Toviggino están procesados por retención indebida de aportes en la entidad, una decisión que está a estudio también de la Cámara en lo Penal Económico.