La Justicia Federal procesó al diputado nacional por Unión por la Patria Juan Grabois por su participación en la toma del Instituto Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025. El dirigente social está acusado de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

La resolución fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, que también dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de Grabois, como medida cautelar para garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso. El magistrado además procesó a Valentín Peralta.

Argumentos del fallo

En su fallo, Ramos sostuvo que Grabois ingresó sin autorización al Instituto Perón cuando el edificio permanecía cerrado y bajo la administración del Ministerio de Capital Humano. Estuvo alrededor de dos horas dentro del inmueble y para la Justicia, tuvo un rol activo durante la ocupación ya que habría alentado a continuar con la protesta y a resistir la intervención de las fuerzas de seguridad.

En el caso de Peralta, el juez Ramos advirtió que tuvo una participación más violenta durante los incidentes debido a que habría agredido físicamente a efectivos policiales durante el procedimiento de desalojo. Como respaldo de esa acusación, en la causa figuran certificados médicos que documentan lesiones sufridas por varios agentes, entre ellas traumatismos craneales, contusiones y heridas leves que fueron atendidas en el Hospital Churruca.

La protesta en el Instituto Perón se produjo en los días previos a la confirmación de la condena en la causa Vialidad contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El edificio, considerado un espacio de alto valor simbólico para el peronismo, fue ocupado por manifestantes que rechazaban distintas medidas del Gobierno de Javier Milei. No obstante, la manifestación culminó con incidentes que motivaron el desalojo por parte de las fuerzas federales.

La defensa de Grabois había rechazado la acusación al aseverar que el diputado no participó de la ocupación como organizador sino que se encontraba en el edificio ejerciendo su profesión de abogado, en representación de una cooperativa que administraba un espacio lindero al Instituto Perón. Sin embargo, el juez Ramos evaluó que las pruebas reunidas durante la investigación resultan suficientes para avanzar con el procesamiento.