El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 desestimó por “manifiestamente impertinente” el pedido de diputados y senadores de Unión por la Patria para visitar a Cristina Fernández de Kirchner en el departamento en el que cumple con la prisión domiciliaria sin tener que pedir autorización.

“Es evidente que el escrito constituye un pedido de aclaratoria y por lo tanto improcedente en lo formal por extemporáneo, al haber caducado el plazo”, sostuvo el juez Jorge Gorini.

 

Añadió que “por más repetitivo que parezca, ya en la resolución del 17 de junio pasado se estableció como pauta de conducta que la parte debía informar una nómina de personas que podrían acceder al domicilio donde Fernández de Kirchner” cumplirá su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

De esta forma, el tribunal respondió al escrito presentado por los legisladores de Unión por la Patria, en el que sostenían: “Dentro de nuestras facultades institucionales, venimos a informar a V.E. que concurriremos, de manera conjunta o alternada en cada oportunidad que consideremos necesaria, al domicilio donde se encuentra cumpliendo detención la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”.

Los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían presentado el pedido ante los tribunales de Comodoro Py y solicitaron, además, que se aclarare cuál es el criterio que se iba a establecer para las visitas de diputados y senadores.

“Por imperio de la propia Constitución Nacional, tanto Diputados como Senadores gozan de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales", subrayaron en la presentación.

 

Casación convocó a una audiencia para definir sobre el régimen de visitas a Cristina Kirchner

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano  Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia para el 7 de julio a las 12 para definir sobre el régimen de visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.

La medida se tomó después de que la defensa de la ex mandataria advirtiera que los límites impuestos a esas visitas afectarían sus “derechos políticos y partidarios” porque supeditan su “interrelación” con otros dirigentes a una autorización judicial previa.