El Ministerio de Economía realizó la apertura de los sobres correspondientes a las propuestas económicas de las dos empresas internacionales que participan en el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal. 

Los consorcios Jan de Nul y DEME presentaron cotizaciones idénticas para la percepción de peajes en el canal fluvial, luego de que la primera de las firmas obtuviera una calificación más elevada en las instancias previas. 

La licitación de la Vía Navegable Troncal es una de las más importantes para la región, ya que conecta los principales puertos fluviales y marítimos del país, y por allí circulan el 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, además de funcionar como un canal de transporte de carga para el comercio sudamericano.

La cartera económica señaló a través de un comunicado que el Gobierno se encamina hacia la fase de resolución de la licitación que permitirá la actualización tecnológica y el incremento de la profundidad del calado del sistema hidroviario. 

La fiscalización de la apertura de sobres estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Durante el procedimiento de evaluación, el organismo constató que tanto el grupo Jan de Nul como la firma DEME fijaron su propuesta en un valor de 3,80 dólares por tonelada. 

De acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Economía, el valor ofrecido por las compañías representa una disminución de 50 centavos de dólar en comparación con el cuadro tarifario vigente al momento de la licitación, lo que equivale a una reducción de costos del 13,5% para las operaciones navieras. 

Los equipos de la ANPYN determinarán la adjudicación final del contrato a partir del cruce de las calificaciones obtenidas en el dictamen previo con los valores económicos declarados en esta última presentación oficial. 

Los objetivos institucionales del pliego de bases y condiciones se orientan a establecer un plan de costos que otorgue previsibilidad a las operaciones de los sectores agroexportadores e industriales locales, además de asegurar obras de infraestructura planificadas bajo una inversión proyectada de 10.000 millones de dólares. 

El informe subrayó la rigurosidad legal del concurso público, detallando que ninguna de las firmas precalificadas interpuso impugnaciones jurídicas ni observaciones administrativas a las exigencias normativas del pliego general en los pasos previos del cronograma. 

El diseño de concesión recibió la aprobación formal de las administraciones provinciales y contó con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con el aval de las asociaciones gremiales empresarias vinculadas a la actividad portuaria.

Entre las entidades del sector privado que manifestaron su conformidad con los términos del llamado a licitación se encuentran la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC). 

Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) coincidieron en la necesidad de consolidar un marco regulatorio que disminuya los costos logísticos de la producción local en los mercados internacionales. 

Tras la finalización del dictamen por parte de las autoridades regulatorias, se procederá formalmente a la firma del contrato definitivo de explotación con el consorcio que resulte seleccionado en las próximas semanas.