Tras el alegato presentado por la defensa de Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, en el juicio oral que se lleva adelante en la Causa Vialidad, este martes le toca el turno al ex secretario de Obras Públicas, José López.

El debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 continuará a las 8.30 de este martes, en tanto, para el cierre de la semana, el viernes, se prevé que comience a alegar la defensa del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y para quien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena a 12 años de prisión. El alegato de Báez se extenderá por tres jornadas, según anticipó al Tribunal su abogado Juan Villanueva.

En cuanto a José López, el ex funcionario tiene pedido fiscal de condena a diez años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como supuesto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y administración fraudulenta agravada.

Cabe destacar, que el exfuncionario ya fue juzgado y condenado a seis años de prisión en otra causa por enriquecimiento ilícito a raíz del episodio en 2016 en el que fue sorprendido intentando esconder en un convento unos 9 millones de dólares y está en libertad condicional.

En la causa Vialidad, la fiscalía le pidió la misma pena -diez años de prisión- que al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuya defensa ya formuló su alegato final y reclamó la absolución. Luciani y Mola también solicitaron diez años de cárcel para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

Luego de López será el turno de Báez, quien ya fue condenado a doce años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación. Báez cumple con arresto domiciliario por esta última causa.

Desde el inicio de los alegatos finales de las defensas, en el juicio ya reclamaron la absolución la defensa de la Vicepresidenta, quien expuso por videoconferencia ante los jueces y denunció que los fiscales cometieron "prevaricato", por lo que pidió que se extraigan testimonios en el momento del veredicto para una eventual denuncia penal.

"La acusación de los fiscales viola la Constitución" porque "un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita", remarcó la Vicepresidenta en su exposición, al asumir su propia defensa por ser abogada.

"A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo", enfatizó la titular del Senado.

Desde el inicio de los alegatos defensistas, también reclamaron absoluciones los abogados de De Vido y de otros acusados como Abel Fatala y los exfuncionarios de Vialidad provincial y nacional que trabajaban en Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.

Ante los jueces Jorge Gorini, Andres Basso y Rodrigo Giménez Uriburu se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

En el juicio, que se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.

Luego se fijará un cronograma para últimas palabras de los acusados y, finalmente, la fecha de veredicto, que se evalúa, dar a conocer antes de fin de año.

En tanto, el exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala dijo que la labor de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad mostró un "nivel inédito de precariedad", y les reprochó no haber leído con rigurosidad las comunicaciones del celular de José López que incorporaron como prueba.

"No han leído prácticamente nada", cuestionó al poner el foco sobre los mensajes del teléfono de López que los fiscales usaron para fundamentar el pedido de penas para los 13 imputados, entre ellos el propio Fatala.

En declaraciones radiales, el exfuncionario remarcó que "luego de tres años de juicio oral, lo que más indigna es el nivel de precariedad con el que (Luciani y Mola) encararon todo el trabajo".

En ese sentido, criticó que los fiscales hayan interpretado un mensaje de texto suyo en el que decía "lo de Juana está encaminado" para tomarlo como una prueba de "la negociación con las empresas".

Dijo que, por el contrario, la comunicación se trataba de un comentario sobre el "traslado (del monumento) de Juana Azurduy desde el lugar en el que se construyó, en la ESMA, hasta la Casa Rosada".

"El mensaje que yo mando tenía que ver específicamente con el traslado de la escultura de Juana Azurduy", insistió a la emisora Radio Rebelde.

Fatala rechazó también que a partir de otro mensaje que mencionaba la palabra "Mendoza" los fiscales lo hayan relacionado con Julio Mendoza, colaborador del empresario Lázaro Báez.

"No tenía que ver con Julio Mendoza sino con Mendoza provincia, porque estábamos preparando todos los informes que generalmente se hacían cuando Presidencia o nosotros viajábamos a Mendoza", replicó. Y comentó que puede dar "muchísimos ejemplos más" de lo que consideró errores de la fiscalía en la interpretación de la prueba, producto de "leer literalmente en vez de ver el contexto".

Por otro lado, consideró que su incorporación al juicio Vialidad se explica por su "perfil político", porque a partir de 2015 nunca bajó las fotos de perfil "con Cristina y junto con Néstor".

"Si mirás mis redes te vas a dar cuenta de que tengo todavía la misma foto, realmente yo estoy orgulloso de haber pertenecido al equipo", remarcó.

Finalmente, Fatala elogió el alegato en propia defensa que la Vicepresidenta pronunció este viernes a partir de su condición de abogada.

"Solamente una persona brillante como ella ha podido llevar adelante una presentación así. Desde el desarrollo que hizo, tomando la pirámide de la Constitución Nacional y hablando de los Códigos", juzgó.

El 22 de agosto último, al presentar las penas, los fiscales del juicio solicitaron 4 años de prisión para el exsubsecretario por presunta administración fraudulenta.