El femicidio de Agostina Vega generó una crisis institucional en la Municipalidad de Córdoba que derivó en una reestructuración por orden del intendente Daniel Passerini. 

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó que hasta el momento se apartaron de sus funciones a 13 funcionarios públicos. La medida afectó a cargos superiores que figuran en la causa contra el principal acusado, Claudio Barrelier.

Entre las desvinculaciones se encuentran las de Iván Contreras, quien se desempeñaba como director general de Tránsito, y Eduardo Ramírez, exsecretario de Tránsito y Movilidad. Ambos exfuncionarios poseían vínculos con el imputado. 

Al respecto, Fernández ratificó en declaraciones a Cadena 3: "Están renunciados y están aceptadas las renuncias". 

Según detalló el funcionario, Contreras y Ramírez no integraban la planta permanente de la Municipalidad. Por este motivo, la interrupción de su relación laboral con el Estado se ejecutó de forma total e inmediata. 

No obstante, la remoción de personal no se limitará únicamente a las áreas donde trabajan empleados vinculados con el imputado, sino que se proyecta hacia la totalidad del gabinete municipal. 

De acuerdo con lo manifestado por Fernández, las modificaciones continúan bajo evaluación del intendente."Ya son 13 las renuncias que ha recibido el Intendente en estos días, y no descarta que las reestructuraciones sean más amplias", aseguró. 

La reestructuración alcanzó a la conducción de la Secretaría de Gobierno, cuya continuidad quedó supeditada a las disposiciones del intendente Passerini. El propio Fernández reconoció que su permanencia en la gestión pública está sujeta a revisión. 

Ante la consulta, manifestó:"Incluso, debo decirle Juan y Miguel, yo soy uno de los secretarios que no conozco si las reestructuraciones me van a alcanzar, dicho por el mismo Intendente frente a estas situaciones". 

Sobre la decisión de la justicia cordobesa que un año antes dejó en libertad a Barrelier tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad, el Municipio admitió deficiencias en las auditorías internas de personal. Sin embargo, Fernández desestimó que haya existido un encubrimiento político, aunque señaló fallas en los mecanismos de control internos. 

El funcionario municipal explicó las dificultades para detectar la situación penal del imputado con anterioridad al hecho actual. "Aquí lo único concreto es que la comunicación formal fue la que no fue la que debería haber sido para que el Intendente o el Secretario sepan de esta situación, para que tomen la decisión que se tomó una vez conocido el hecho", detalló.

En tanto, se refirió a la modalidad de contratación de Barrelier, quien figuraba bajo la categoría de "becario", lo que facilitó su remoción inmediata. No obstante, las normativas vigentes para el personal de planta permanente contemplan sumarios administrativos previos y plazos legales más prolongados para efectivizar un despido con causa justificada.