El debate oral y público por la sustracción y el encubrimiento en torno a la desaparición de Loan Peña cerró su segunda semana de audiencias en los tribunales federales de Corrientes. En la jornada de este jueves solo una mujer aceptó declarar, mientras que los demás implicados se ampararon en su derecho a guardar silencio.

Los jueces del Tribunal Oral Federal de la provincia abrieron la sesión con la identificación formal de los tres acusados que habían quedado pendientes: Esteban Rossi Colombo, Pablo Gabriel Núñez y Valeria Liliana López, todos procesados en este segundo tramo de la causa que refiere a la desviación de la investigación. 

A este grupo se los acusa de haber desembarcado en la localidad de 9 de Julio simulando ser miembros operativos de la Fundación Lucio Dupuy, una articulación institucional que la propia organización desmintió.

Indagatoria

López fue la única que decidió dar su versión de los hechos ante los jueces. Afirmó desempeñarse como técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género e infantil, aunque los investigadores determinaron que carece del título habilitante para ejercer esas funciones. 

La mujer utilizó su tiempo para realizar un descargo, dejando en claro desde el primer minuto que no iba a responder preguntas de la Fiscalía ni de las otras partes.

General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, es el lugar de residencia de López, quien ante el tribunal repasó algunos antecedentes de casos similares en los que aseguró haber colaborado.

Respecto a su vinculación con el caso Loan, la imputada deslindó responsabilidades jerárquicas y aseguró que su llegada a Corrientes se produjo el 4 de julio de 2024 tras una convocatoria de Alan Cañete, otro de los acusados. Según su relato, viajó hacia el norte del país acompañada por otra mujer con la directiva de sumarse a las tareas de apoyo del equipo.

La financiación del viaje fue otro de los puntos que expuso frente a los magistrados. López aseguró que debió costear los pasajes de transporte con dinero de sus propios ahorros personales debido a la urgencia de la situación. No obstante, aclaró que existía una promesa explícita por parte de Cañete de que le iban a reconocer todos esos gastos de logística de manera posterior, un reembolso económico que finalmente nunca se concretó.

El hotel Despertar del Iberá fue donde se alojó toda la delegación de los supuestos especialistas. En ese establecimiento, Cañete y su comitiva mantuvieron bajo resguardo a un grupo de menores de edad y adultos que resultaban piezas clave para reconstruir las últimas horas del nene desaparecido. La versión de López indicó que el único objetivo que les habían encomendado en el lugar era brindar tareas de contención a los testigos de la causa.

La Fiscalía Federal sostiene que los falsos integrantes de la fundación no buscaban proteger a los menores, sino montar un escenario para influenciar de forma directa sus testimonios.

Los investigadores judiciales consideran que el búnker hotelero funcionó para presionar a los testigos y desviar las líneas de investigación hacia pistas falsas, entorpeciendo el avance del expediente principal.

Las tareas domésticas de limpieza y cocina fueron las únicas actividades que la mujer admitió haber realizado durante su estancia en el hotel.

López detalló ante los jueces que se mantuvo al margen de las decisiones operativas del grupo y que el 9 de julio de 2024 armó sus valijas para regresar a su casa en territorio bonaerense. 

La defensa de la imputada intentó posicionarla como una colaboradora engañada y ajena a la presunta red de encubrimiento.

Reclutador

Cañete, señalado como el reclutador de la comitiva, había declarado el miércoles, intentando justificar su presencia en la provincia bajo el argumento de que su única meta era buscar al nene. 

Para avalar sus dichos, el acusado exhibió ante el estrado una serie de fotografías de archivo con las que pretendía demostrar un vínculo directo con Ramón Dupuy, abuelo del menor asesinado en La Pampa.

Cañete declaró durante casi tres horas y respondió preguntas de todas las partes.

Los investigadores le imputan cargos graves por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento y usurpación de títulos, ya que se presentaba como abogado ante los medios de comunicación sin tener el título profesional correspondiente.

Desde el tribunal interrogaron a Cañete sobre su llegada al hotel donde permanecieron los supuestos colaboradores. El imputado dio explicaciones confusas sobre cómo conoció a la abogada Elizabeth Cutaia y a Nicolás Soria, alias "El Americano", quienes también están procesados y detenidos en la misma investigación.

El sospechoso insistió en que tenía la autorización formal de Dupuy para actuar en el lugar, aunque la fiscalía remarcó de inmediato las contradicciones de su relato. Cañete reconoció formalmente ante los jueces que no es abogado, pero admitió sin vueltas que en las entrevistas televisivas no le molestaba que lo llamaran "doctor".

Además, mostró una lapicera que, según afirmó, le regaló la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la investigación, durante los procedimientos.

Un momento de sorpresa y tensión se vivió en la sala de audiencias cuando Cañete se refirió a otro de los acusados de la causa, Pablo Núñez. Al ser consultado por el tribunal sobre el vínculo real que mantenía con él, el imputado respondió de forma tajante: "Es mi peluquero".

Según sus propias palabras, lo convocó de urgencia a Corrientes porque tenía el pelo "hecho un desastre" durante los intensos días de los operativos en 9 de Julio. El estilista viajó en colectivo y terminó cortándole el cabello a unas diez personas del grupo, quedando implicado en las maniobras investigadas por la Justicia federal.

El acusado pidió perdón públicamente a Núñez y a su madre por la grave situación penal que hoy atraviesan debido a su convocatoria.

El juicio continuará el martes con el testimonio de los padres de Loan.

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