El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros doce acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública y pago de sobreprecios en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez se reanudó este lunes sin la presencia en la sala de la senadora nacional.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 continuaba la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que seguirá con la lectura de algunos puntos del dictamen de la querellante Oficina Anticorrupción y, finalmente, la acusación del juez que investigó la causa, Julián Ercolini.

Una vez finalizado este tramo del juicio iniciado el 21 de mayo pasado, comenzarán los llamados "planteos preliminares" que podrán hacer todas las partes, incluidos los abogados de los 13 acusados.

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Cristina Fernández, precandidata a la vicepresidencia de la Nación del kirchnerista Frente de Todos, tiene permiso para ausentarse de las audiencias que se realizan los lunes cuando justifique labor parlamentaria.

La senadora informó el viernes último a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que tenía en agenda una reunión con el ex gobernador y presidente de la cámara de diputados de Entre Ríos, Sergio Uribarri.

En la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro sí estuvieron los demás acusados, entre ellos los detenidos ex ministro de Panificación, Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Cristina irá a Cuba a visitar a su hija Florencia. 

La ex presidenta tiene ya permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia del 2 al 10 de julio, por lo que aún resta definir si se presentará a la audiencia del próximo lunes 1 de julio, o hará alguna presentación ante el Tribunal.

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Todos los acusados están procesados por supuesta asociación ilícita para cometer delitos como el direccionamiento a favor de las empresas del grupo Báez del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz.

Se trata de 52 obras en esa provincia que, según la acusación, se adjudicaron de manera direccionada al grupo Austral Construcciones, de Báez, y en muchos casos tuvieron sobreprecio o no fueron terminadas pese a que se abonaron en su totalidad.

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