El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos retomó su curso este jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 (TOF 7), donde se encuentran imputados, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La audiencia se desarrolló en el marco de la etapa de cuestiones preliminares, una instancia técnica que se extenderá durante todo febrero y en la que las defensas formulan objeciones a la investigación, plantean nulidades y cuestionan la validez de las pruebas antes del inicio del debate oral propiamente dicho. El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Durante la jornada, las defensas de Fernández de Kirchner, De Vido y otros exfuncionarios reiteraron fuertes cuestionamientos al proceso. En particular, se escucharon los argumentos de abogados de varios imputados considerados relevantes, entre ellos empresarios y exsecretarios privados.

La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León, quien impulsa cargos por asociación ilícita, cohecho y recepción de dádivas. En total, el expediente involucra a 86 imputados: 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes.

El "error" de los contactos telefónicos y el pedido de inmunidad 

El primero en exponer fue el abogado Hugo Pinto, defensor del financista Ernesto Clarens, propietario de Inverness S.A. y señalado como una figura clave en el presunto esquema financiero utilizado para canalizar y blanquear fondos.

Clarens declaró como arrepentido y, en ese marco, su defensa solicitó la aplicación del artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, reclamando inmunidad judicial o, en su defecto, una reducción de pena por la colaboración prestada, la cual fue considerada determinante para el avance de la causa.

Pinto también negó cualquier vínculo directo entre su defendido y Julio De Vido, y afirmó que Clarens "nunca lo conoció, ni mantuvo trato ni comunicación con él". En ese sentido, señaló un error en la elevación a juicio, donde se le atribuyen 376 contactos telefónicos con el exministro, cuando -según el procesamiento original exhibido- esas comunicaciones corresponderían en realidad a Ángelo Jorge Calcaterra. Por ello, solicitó que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal para corregir esa inconsistencia y revisar el acuerdo de arrepentido, con el objetivo de evitar una situación de contradicción procesal.

El ataque a los "cuadernos" y la Ley del Arrepentido 

A continuación, tomaron la palabra las defensas de Nelson Javier Lazarte, exsecretario privado de Roberto Baratta, y de José María Olazagasti, exsecretario de Julio De Vido, quienes en líneas generales adhirieron a los cuestionamientos ya formulados respecto de presuntas irregularidades en la investigación.

En el caso de Olazagasti, su defensa había solicitado con anterioridad una postergación de la audiencia por la existencia de cuestiones vinculadas al "secreto de inteligencia" en otra causa, pedido que fue rechazado por el tribunal. Si bien no se incorporaron nuevos argumentos en esta jornada, se insistió en nulidades procesales similares a las planteadas por las defensas de De Vido y Baratta, entre ellas supuestas falencias en la aplicación de la Ley del Arrepentido y denuncias de espionaje ilegal.

También expuso la abogada Alejandra Gils Carbó, defensora de Gerardo Luis Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A., imputado por presuntos pagos de sobornos para obtener contratos públicos.

En su presentación, solicitó que se excluyan por completo los escritos originales de Oscar Centeno -el exchofer que registró los supuestos traslados de dinero en cuadernos- al considerar que fueron objeto de adulteraciones y falsificaciones que perjudican a su defendido, lo que, según argumentó, invalida su valor como prueba.

Además, pidió la nulidad de todos los legajos de los imputados arrepentidos por supuestos vicios constitucionales y procesales, en consonancia con los planteos realizados por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, y las defensas de Julio De Vido, Juan Manuel Abal Medina, Rafael Llorens, Juan Manuel Schiavi y Roberto Baratta.

El reclamo de Lascurain 

Por último, expuso el abogado Marcelo Mónaco, defensor de Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de Fainser S.A. Lascurain, de 79 años, está acusado de cohecho por un presunto pago ocurrido en 2008.

Su defensa hizo hincapié tanto en cuestiones personales como procesales. En primer lugar, invocó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para reclamar un trato prioritario en el acceso a la tutela judicial, en virtud de su edad.

Asimismo, cuestionó los extensos plazos del proceso: 17 años transcurridos desde los hechos investigados y seis años de instrucción suplementaria, sin demoras atribuibles a la defensa, lo que -sostuvo- afecta la razonabilidad de los tiempos judiciales.

También objetó el uso de declaraciones de arrepentidos para imputar a Lascurain por un hecho de menor gravedad, al considerar que ello contraviene el artículo 3 de la Ley del Arrepentido, que exige que la información brindada se refiera a delitos de igual o mayor entidad que los atribuidos al colaborador.

En ese marco, concluyó que la causa fue incorrectamente elevada a juicio y solicitó el sobreseimiento inmediato de su defendido, al afirmar que "no debería estar siendo juzgado en este proceso".

El tribunal no adoptó resoluciones en esta instancia, aunque los planteos formulados podrían derivar en nulidades parciales o totales si son admitidos. La próxima audiencia fue fijada para el martes 10 de febrero, cuando continuarán las exposiciones de las defensas.