La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Etiquetado Frontal, atraviesa su momento de mayor fragilidad desde que fue sancionada en 2021. El gobierno de Javier Milei avanza en dos frentes simultáneos: por un lado, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles de un proyecto de reforma; por otro, legisladores oficialistas ya presentaron en el Congreso una iniciativa para derogarla directamente. El resultado posible es una norma profundamente distinta a la que entró en vigencia, o directamente su desaparición.

Qué dice la ley y qué ya le cambiaron

La normativa obliga a que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de sodio, azúcares, grasas o calorías exhiban en su envase un octógono negro de advertencia. Los parámetros de referencia son los de la Organización Panamericana de la Salud. Además, exige etiquetar productos con cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en menores, prohíbe la publicidad infantil en productos con sellos y limita su venta en establecimientos educativos.

Sin embargo, la administración Milei ya introdujo cambios de fondo en 2024, antes de cualquier debate parlamentario. A través de dos disposiciones de la Anmat, resolvió que el cálculo de los nutrientes excesivos se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, excluyendo los que son intrínsecos del alimento. El criterio de la OPS se mantuvo formalmente, pero su aplicación se acotó de manera significativa.

La derogación que piden en el Congreso y el argumento del Mercosur

En paralelo a la reforma que prepara el Ejecutivo, los diputados Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron la semana pasada un proyecto para derogar la ley por completo. El principal argumento técnico es que el sistema vigente mide el exceso de nutrientes en proporción a las calorías totales del producto, y no en valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros. Según los legisladores, eso genera una distorsión: en 2023, el 85% de los productos disponibles en el mercado llevaba al menos un octógono negro.

El segundo argumento es de integración regional. Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros para determinar si un producto supera los umbrales, aunque los valores máximos aceptados varían entre países. La incompatibilidad con ese esquema, señalan los impulsores del proyecto, encarece los costos para los productores locales, en particular para las pequeñas y medianas empresas, y complica las exportaciones en el marco del Mercosur.

Si el proyecto de derogación o la reforma del Ejecutivo prosperan, la ley que durante años condicionó el etiquetado de miles de productos podría quedar reducida a su mínima expresión, o directamente dejar de existir.