El Gobierno oficializó este lunes un decreto que habilita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones destinados a 12 provincias. La iniciativa apunta a asistir a las jurisdicciones que atraviesan dificultades financieras en un contexto de caída de la recaudación.

La decisión fue confirmada esta madrugada mediante el Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Dispónese otorgar en el Ejercicio Fiscal 2026 y a través de la Secretaría de  Hacienda del Ministerio de Economía un anticipo financiero por hasta la suma máxima de pesos cuatrocientos mil millones ($400.000.000.000), a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso", destaca el texto oficial.

Los fondos corresponden a recursos que las provincias reciben por ley, pero serán girados de manera anticipada para atender compromisos inmediatos, como el pago de salarios y gastos corrientes. Según el decreto, estos montos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal.

El esquema establece una tasa del 15%, significativamente inferior al costo del financiamiento en el mercado, que actualmente oscila entre el 30% y el 45%. De este modo, el oficialismo busca evitar que las provincias recurran a un endeudamiento superior.

La medida incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A este grupo se suma Entre Ríos, que ya había sido incorporada en enero de 2026.

En tanto, de acuerdo con estimaciones de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas cayeron un 6,4% real en el primer trimestre del año. En tanto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó que la coparticipación registró una baja interanual del 7% en marzo.

Esta situación impacta directamente en las finanzas provinciales, especialmente en aquellas con mayor dependencia de los recursos nacionales, donde entre el 70% y el 80% del gasto se destina a áreas clave como educación, salud y seguridad.

Cómo funciona el nuevo esquema

A diferencia del sistema tradicional, que implicaba pedidos mensuales de adelantos extraordinarios, el nuevo régimen busca ordenar y sistematizar el mecanismo con un tope global de $400.000 millones.

En esa línea, no se fijaron montos específicos por provincia. Según indica el decreto, la Secretaría de Hacienda se encargará de asignar los fondos según la participación de cada jurisdicción en la masa coparticipable y su capacidad de repago.

Además, en la normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se señala que varias provincias manifestaron dificultades transitorias para afrontar sus compromisos más urgentes, lo que motivó la intervención del Estado nacional.

El adelanto aparece como una herramienta clave para sostener la liquidez en el corto plazo. Sin embargo, implica un compromiso de ajuste futuro, ya que reducirá los envíos de fondos en los próximos meses.

Por último, el Gobierno busca dar oxígeno financiero a las provincias mientras intenta mantener el equilibrio fiscal y evitar un mayor endeudamiento subnacional.