El Gobierno implementó este miércoles un cambio clave en el esquema de la tarifa social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que modifica la forma en que se financia el descuento del 55% que reciben millones de usuarios del transporte público. 

La medida, que comenzó a regir este 1° de julio, mantiene el beneficio para los pasajeros alcanzados, pero cambia el cálculo del aporte que realiza el Estado nacional cuando aumentan las tarifas de colectivos y trenes.

Hasta ahora, el descuento del 55% se aplicaba sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción, por lo que el subsidio nacional aumentaba automáticamente cada vez que una provincia o un municipio decidía incrementar el valor del boleto. 

Con la nueva resolución, el beneficio continuará siendo del mismo porcentaje, pero se calculará sobre una "tarifa de referencia" congelada al 30 de junio de 2026, salvo que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

La modificación responde a la decisión del Gobierno de desacoplar el gasto nacional de las futuras subas tarifarias que definan las provincias. Como la administración nacional transfirió a las jurisdicciones la potestad de fijar el precio de los boletos de colectivos, el Ministerio de Economía consideró que ya no corresponde que el Tesoro Nacional asuma automáticamente el mayor costo derivado de esos incrementos.

En la práctica, esto significa que si una provincia decide aumentar el valor del boleto en los próximos meses, la Nación continuará aportando el subsidio calculado sobre la tarifa de referencia vigente a fines de junio. 

Si las autoridades provinciales quieren mantener el mismo nivel de descuento para los usuarios de la tarifa social, deberán financiar con recursos propios la diferencia entre el subsidio nacional y el nuevo precio del pasaje.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, también alcanza a los usuarios de los servicios ferroviarios, aunque su impacto será menor debido a que los trenes urbanos continúan bajo jurisdicción nacional. 

Además, la normativa reemplaza un conjunto de resoluciones vigentes desde 2012 y establece que la tarifa de referencia permanecerá congelada hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización mediante una decisión administrativa.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo de la medida es contener el gasto público y evitar que las decisiones tarifarias de las provincias generen un aumento automático de las erogaciones del Tesoro Nacional. 

De esta manera, el subsidio deja de ajustarse en función del precio del boleto y pasa a depender de una referencia fija, lo que implica que su valor real podría reducirse con el tiempo si no se actualiza.

La tarifa social SUBE continúa alcanzando a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas sociales, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, personas con seguro de desempleo y otros grupos incluidos en el programa.