Luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, avanza el proyecto de ley que impulsa una profunda reconfiguración del Régimen de Zona Fría. La iniciativa, promovida por el Gobierno contempla una reducción en el alcance geográfico de los subsidios a las tarifas de gas, afectando a más de 3,4 millones de hogares. 

El propósito de la reforma consiste en regresar al mapa original de cobertura que abarcaba solo la región de la Patagonia, la localidad de Malargüe en Mendoza y la Puna. 

Con la eliminación de la extensión territorial que había sido sancionada mediante la Ley N° 27.637 en 2021, el Gobierno proyecta consolidar un ahorro para las arcas públicas estimado en $272.099 millones. 

De acuerdo con los informes presentados y las previsiones del sector privado, la aplicación de la nueva normativa se traducirá en un incremento en el valor de las facturas de gas justo antes del inicio del invierno. 

Aquellos usuarios que queden excluidos del padrón de beneficiarios sufrirán actualizaciones de hasta un 55% en el servicio, debido a la anulación de los descuentos del 30% y del 50% vigentes hasta la fecha.

La reformulación del sistema fue diseñada en forma conjunta por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación. Ambas dependencias incluyeron esta medida dentro del programa de reordenamiento de los subsidios energéticos, cuyo fin es disminuir el déficit fiscal y corregir las distorsiones de precios en los servicios. 

El proyecto aprobado por la cámara baja modifica además la gestión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y estipula que la bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano distribuido por redes se mantendrá bajo criterios geográficos solo para los usuarios residentes en las áreas históricas de bajas temperaturas. 

Para los usuarios ubicados en las localidades introducidas en la ampliación del año 2021, el beneficio ya no se asignará de manera automática por residencia. En estas jurisdicciones, el subsidio quedará condicionado a que el grupo familiar se encuentre registrado y cumpla con las condiciones socioeconómicas requeridas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). 

Debido a esta segmentación, quedarán excluidos de la cobertura automática por zona geográfica un total de 55 departamentos correspondientes a la provincia de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 11 de San Juan, 8 de Salta, 8 de San Luis, 8 de Santa Fe, 6 de Mendoza, 3 de Catamarca, 3 de La Rioja y 1 de Tucumán. 

Desde la perspectiva del Gobierno, estas regiones poseen características climáticas templadas y no justifican una subvención generalizada. 

Al respecto, el secretario de Energía y Minería, Daniel González, manifestó: "Lo que está vigente es una aberración, hay definidas como zonas frías zonas que en verdad son templadas, y donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidia, independientemente del tipo de consumidor". 

"Proponemos volver a la zona fría original patagónica y subsidiar el consumo, no vamos a subsidiar ni los impuestos ni el cargo fijo, sino el m3 efectivamente consumido", añadió.

Una de las modificaciones introducidas en el proyecto radica en la base imponible sobre la cual se calculará el descuento. El beneficio económico dejará de aplicarse sobre el costo total de la factura emitida por las distribuidoras y pasará a computarse de forma exclusiva sobre el precio del componente del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el valor del fluido antes de los costos de transporte y distribución. 

Evaluaciones realizadas por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) señalan que el mayor encarecimiento recaerá sobre las familias de la zona ampliada que queden fuera del esquema focalizado. 

A modo de ejemplo, las simulaciones estadísticas desarrolladas por el centro de estudios indican que un hogar promedio ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, que actualmente cuenta con el beneficio general, podría registrar una variación en su facturación mensual desde los $19.945 hasta valores cercanos a los $39.890, reflejando un alza nominal próxima al 100%. 

En tanto, los usuarios radicados en los municipios que integraban la zona ampliada pero que logren calificar para el régimen SEF percibirán variaciones porcentuales de menor cuantía.

Por su parte, el informe de la Fundación Mediterránea concluye que los habitantes de la Patagonia mantendrán el beneficio de zona fría, aunque con un menor descuento en la factura final a causa de la nueva consideración sobre el valor PIST. 

En los fundamentos de la norma enviados al Congreso, el Poder Ejecutivo argumentó que la generalización del subsidio implementada en 2021 "desnaturalizó el carácter focalizado del sistema", incrementando el costo fiscal y acentuando las transferencias cruzadas de recursos entre distintas jurisdicciones subnacionales. 

El dictamen determinó que el esquema fiduciario había perdido su condición de autosustentabilidad financiera. En la actualidad, este fondo se nutre de una alícuota de recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural que abonan la totalidad de los usuarios del país.

Sin embargo, el Gobierno constató que la recaudación resulta insuficiente para saldar los costos de las compensaciones tarifarias. El texto oficial advierte que "la escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores". 

Por otro lado, el análisis sectorial del IERAL determinó que la modificación requería una adecuación para solucionar cuatro problemas estructurales: la reducción de subsidios cruzados, la focalización de la cobertura, la alineación de la base de cálculo con los recursos disponibles del fondo y la contención del déficit operativo. 

No obstante, la entidad sugirió prever una aplicación gradual de los incrementos para mitigar el impacto socioeconómico en los períodos de mayor demanda estacional. 

Para acceder y conservar la asistencia en las zonas que pierden la categoría de "frías", los titulares de los servicios públicos deberán acreditar ingresos mensuales inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), poseer un Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), o revestir la condición de beneficiarios de pensiones de guerra para Veteranos de Malvinas, entre otros indicadores.