ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La Justicia levantó el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti

El juez Ariel Lijo dispuso la medida en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Está vinculada con los pagos para la compra y las remodelaciones en la casa ubicada en el country Indio Cuá.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantamiento del secreto fiscal ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La medida fue tras el pedido del fiscal federal, Gerardo Pollicita, y está vinculada con los pagos realizados por la pareja para adquirir una casa en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz, así como con el abono de tasas e impuestos asociados a esa propiedad.

Lijo dispuso la medida luego de la declaración del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones de la casa y en su declaración bajo juramento como testigo, aseguró que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo y sin factura.

Según su testimonio, el ex vocero presidencial pagó todos los arreglos en dos partes: 55 mil dólares en 2024 y los 190 mil restantes en 2025. También aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra.

La casa de Manuel Adorni en un country de Exaltación de la Cruz.
La casa de Manuel Adorni en un country de Exaltación de la Cruz.

La decisión judicial también involucra al departamento heredado por el jefe de Gabinete en La Plata, sobre el cual se dispuso el levantamiento del secreto fiscal por orden del juez. Además, deberán consignar información en relación a un tercer inmueble ligado a su esposa, en Morón.

A principios de abril Lijo ya había ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario de la pareja ante ARCA, el organismo de recaudación tributaria a nivel nacional.

Con esta medida, los investigadores podrán acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales. Con esto se busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con los datos declarados ante los organismos de control.

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