Por Jimena Golender.

Los incrementos acumulados en las tarifas de los servicios públicos y el transporte se llevan un porcentaje cada vez mayor del salario, dejando un margen inferior para el consumo de alimentos en los hogares. Según informes recientes, la necesidad de cubrir estos gastos fijos empujó a las familias a reducir la compra de productos de la canasta básica y achicar la cantidad de comidas diarias, mientras el Gobierno nacional pisa el acelerador sobre la quita de subsidios.

El proceso de reordenamiento de precios relativos que comenzó a fines de 2023 implicó una quita gradual de subsidios estatales que redujo el margen de ingresos disponibles en todos los hogares del país, pero impactó con mayor dureza sobre la clase media y los sectores más vulnerables.

Las facturas del gas, el agua, la energía y el transporte registraron en los últimos dos años subas superiores a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los salarios formales. Frente a este escenario, las familias se vieron obligadas a modificar sus prioridades en el gasto mensual, anteponiendo el pago de las obligaciones de servicios básicos al consumo de alimentos. 

Gobierno de Javier Milei: la evolución de las tarifas de servicios vs. salarios

Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, la diferencia entre tarifas, inflación y los salarios de los trabajadores registrados se incrementó en forma considerable. En este lapso, la inflación acumulada alcanzó el 875%, mientras que el segmento de los servicios se aumentó el 1120%. 

Por su parte, el salario promedio del sector privado subió solo un 623%, quedando muy por debajo de ambas variables. 

Los valores que figuran en las facturas del gas, luz y agua evidencian la magnitud de la quita de subsidios en el AMBA. En diciembre 2023, una tarifa promedio de energía eléctrica se ubicaba en $3664, mientras que la de gas natural promediaba los $1380. Hacia marzo de 2026, esos mismos componentes fijos y variables se elevaron a $42.887 para el servicio eléctrico y $28.025 para el suministro de gas. 

"La reducción de subsidios nacionales implica, en el corto plazo, una compresión del ingreso disponible de las familias argentinas porque aumenta el peso de tarifas y servicios sobre el presupuesto mensual. Sin embargo, desde una mirada macroeconómica, corregir estos desequilibrios es necesario para ordenar las cuentas públicas, reducir emisión monetaria y generar condiciones más sostenibles para bajar la inflación en el mediano plazo", explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. 

El impacto del aumento en el transporte sobre el ingreso familiar

El transporte público representó uno de los mayores incrementos porcentuales dentro de la economía familiar. El boleto mínimo de colectivo en el AMBA pasó de costar $52 desde que asumió Javier Milei a fijarse en $700 en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a una variación superior al 3.138%.

En tanto, el subte acumuló una suba por encima del 2.000% en el mismo período. 

Los aumentos se enmarcaron en una política nacional de "corrección de tarifas" con el fin de revertir la brecha entre el costo real de los servicios y la tarifa que abonan los usuarios. Al respecto, el economista señaló: "En 2023 la luz y el gas eran baratos no porque fueran baratos: eran baratos porque el Estado pagaba la diferencia con emisión monetaria. Durante años, la economía argentina funcionó con precios relativos distorsionados, donde tarifas, energía y transporte quedaron artificialmente atrasados frente al resto de los bienes. Cuando esas correcciones se postergan, el costo termina apareciendo vía inflación, déficit fiscal o pérdida de reservas", sostuvo Di Pace. 

Sin embargo, esta decisión del Gobierno implicó que la incidencia del transporte sobre el salario promedio se cuadruplicara en casi tres años, pasando de representar el 1,3% de los ingresos en 2023 al 5,8% en 2026. Del mismo modo, el gasto en subte ascendió del 0,7% al 2% de la remuneración media. 

La canasta de servicios se disparó en el último año

De acuerdo con el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, la canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios en el AMBA se ubicó en $249.834 durante mayo 2026. Esta cifra representó un incremento mensual del 17,5% respecto de abril y una suba del 50% en comparación con mayo 2025. 

El informe del IIEP detalló que el gas natural fue el componente que más se encareció en mayo, con una suba del 53,3%, producto de un aumento del 4% en el cargo fijo, 3,3% en el variable y la duplicación del consumo estacional. 

La energía eléctrica aumentó un 37,8% mensual debido al incremento de la demanda y ajustes del 4,1% fijo y 8,7% variable para usuarios residenciales N1 (sin subsidio). 

El agua subió un 5,9% y el transporte un 3%, superando en todos los casos la variación mensual del IPC de abril, que fue del 2,6%.

Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios esenciales del AMBA acumuló un aumento del 800%, frente a una inflación general estimada en 231%. En el desglose interno, el gas de red lideró las subas con un 1661%, seguido por el transporte (1276%), el agua (448%) y la electricidad (417%). 

En mayo 2026, la canasta de servicios públicos requirió el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Esto significa que un salario medio permitió adquirir 7,5 canastas de servicios, evidenciando una pérdida de poder adquisitivo frente a las 8,6 canastas que se cubrían en mayo de 2025.

Aumento del gasto en transporte y contracción del consumo

La absorción de una mayor cuota de ingresos dedicada a los servicios y el transporte derivó en una reducción del consumo que se profundizó este año. El índice de ventas desestacionalizado en supermercados registró una baja del 12,1% entre febrero de 2023 y febrero de 2026, retrocediendo de 93,1% a 81,8%. 

Aismismo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó que en el primer tramo del 2026, los indicadores del comercio minorista volvieron a mostrar signos de retracción, consolidando una baja en la demanda que afecta la facturación de los comercios.

Al borde de una emergencia alimentaria

El 86% de los hogares bonaerenses se encuentra bajo una situación de estrés económico mensual, según reveló un informe realizado el mes pasado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) y Libres del Sur. Esta situación derivó en que cuatro de cada diez familias disminuyeron su consumo de alimentos para afrontar deudas, entre las que se incluye el pago de servicios atrasados.

La inseguridad alimentaria -definida como la reducción de la capacidad física o económica de acceso a los alimentos en cantidad y calidad nutricional- se constató en el 80% de los 1301 hogares encuestados. 

El indicador afectó al 60% de las familias cuyo principal sostén económico cuenta con un empleo formal y registrado, lo que demuestra la extensión del fenómeno más allá de los sectores informales o desocupados. 

Además, el estudio del ISEPCI identificó situaciones graves de privación nutricional. El 66% de los hogares encuestados aseguró que al menos uno de sus integrantes debió cortar alguna de las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda o cena) durante el último mes debido a la falta de ingresos. 

Asimismo, el 77% de las familias declaró haber prescindido de consumir alimentos esenciales como lácteos, carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por motivos estrictamente económicos.