Con una conferencia de prensa en Plaza San Martín de Quilmes, organizaciones sociales, cooperativas de trabajo y movimientos populares declararon el estado de alerta y movilización frente a la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo, una medida que -según denunciaron- impactará de lleno en los barrios populares del distrito.

La actividad se realizó este jueves en pleno centro quilmeño y reunió a referentes locales y nacionales de la UTEP y otras organizaciones, que advirtieron que la eliminación del programa dejará sin ingresos a miles de trabajadores y trabajadoras que hoy sostienen tareas comunitarias, productivas y de asistencia social.

Según indicaron, en Quilmes hay alrededor de 30 mil personas que perciben el Salario Social Complementario, actualmente congelado en 78 mil pesos, y que dejarían de cobrarlo a partir de mayo.

Fuerte advertencia por el impacto en Quilmes

Durante la conferencia, la referente de la UTEP, Florencia, puso el foco en la magnitud del golpe que la medida tendría a nivel local.

"Acá en Quilmes hay 30 mil salarios sociales complementarios que no van a estar más a partir de mayo y eso va a implicar un golpe en la economía local", sostuvo.

En la misma línea, Laura Cibelli, también referente de la organización, detalló el impacto económico que tendría el recorte en el distrito.

"Son 2.340 millones de pesos por mes que no van a entrar a Quilmes. Esa es la cifra que va a impactar en los comercios locales", remarcó.

Desde las organizaciones advirtieron que el ajuste no solo afectará a quienes hoy cobran ese ingreso, sino también a toda la economía barrial, ya que ese dinero se vuelca en comercios de cercanía, almacenes, ferias, transporte y consumo básico.

Qué tareas se sostienen con ese ingreso

Los movimientos sociales explicaron que el programa Volver al Trabajo alcanza a personas que desarrollan tareas esenciales en los barrios populares, muchas veces invisibilizadas, pero fundamentales para el funcionamiento cotidiano de las comunidades.

Entre ellas mencionaron el sostenimiento de comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros comunitarios, tareas educativas, espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo, además de actividades como reciclado, producción textil, venta ambulante, agricultura familiar y trabajos comunitarios vinculados a la mejora del espacio público.

También remarcaron que en muchos casos estos ingresos complementan tareas vinculadas al territorio, como la limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras barriales.

"Quieren romper la red comunitaria de los barrios"

En el documento difundido por las organizaciones, se denunció que la decisión del Gobierno nacional representa un ataque directo a los sectores más empobrecidos y precarizados del país.

Además, sostuvieron que el recorte apunta a desarticular la red comunitaria construida en los barrios populares, la cual hoy cumple un rol clave como contención frente al avance del narcotráfico, la exclusión y la falta de oportunidades para miles de jóvenes.

"Este ataque del Gobierno es un claro intento de desarticulación de la red comunitaria que creamos las organizaciones en los barrios populares", señalaron.

Anuncian protestas y un plan de lucha

Durante la conferencia en Quilmes también habló el dirigente nacional de la UTEP, Alejandro Gramajo, quien confirmó que las organizaciones ya preparan una serie de medidas de fuerza para visibilizar el conflicto.

"Vamos a hacer asambleas principalmente en las estaciones cabeceras como Constitución, Once y Retiro para desarrollar una campaña de difusión de lo que se está viviendo con esta decisión, y el 7 de abril habrá cortes de rutas y ollas populares en todo el país para defender el salario de los humildes", anunció.

El reclamo surge luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara a través de redes sociales que en abril finalizará el programa Volver al Trabajo, que a nivel nacional alcanza a 950 mil trabajadores y trabajadoras.

Desde las organizaciones sostienen que la medida llega en un contexto de aumento de la pobreza, caída del consumo, pérdida de empleos y creciente vulnerabilidad social, por lo que anticipan un escenario de mayor conflictividad si el Gobierno no da marcha atrás.

De esta manera, Quilmes se suma al mapa de distritos donde comienza a crecer la preocupación por el impacto social y económico de los recortes, con organizaciones que ya advirtieron que se mantendrán en estado de alerta y movilización.