El Gobierno Nacional anunció una medida controversial: la implementación de aranceles en los servicios de salud y educación universitaria para extranjeros no residentes. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que el objetivo es generar recursos adicionales y aliviar el sistema público. Sin embargo, la decisión desató un intenso debate en los sectores implicados.

En el ámbito universitario, la medida permitiría a las universidades nacionales cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, destacándose las carreras de alta demanda como Medicina. En estas, en algunas instituciones, los estudiantes extranjeros alcanzan el 30%. No obstante, datos oficiales revelan que representan solo el 4,3% de la matrícula total de las universidades públicas. Se estima que unos 79.800 estudiantes podrían verse afectados.

Los rectores expresaron su sorpresa y malestar, ya que no fueron consultados. Además, señalaron las complicaciones legales: actualmente solo pueden inscribirse extranjeros residentes con DNI argentino, lo que deja dudas sobre la implementación. La Universidad de Buenos Aires y otras instituciones calificaron el plan como apresurado.

En el sistema de salud, el antecedente lo marcan provincias como Jujuy y Mendoza, donde se aplican aranceles a no residentes. Mario Lugones, ministro de Salud, defendió la medida, afirmando que el acceso gratuito para migrantes sin intención de radicarse no es sostenible ni beneficioso para el país. Sin embargo, organismos de derechos humanos y expertos legales cuestionaron la constitucionalidad de esta medida.

El proyecto, que busca descentralizar la administración de recursos sanitarios, será presentado al Congreso en los próximos días. Mientras tanto, los debates se intensifican, reavivando una discusión que ya había dividido opiniones en 2023.