La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció la suspensión del paro de colectivos de 48 horas programado para mañana tras la intervención del Gobierno que dictó la conciliación obligatoria. Esta decisión busca mediar en el conflicto laboral surgido por la demanda de los colectiveros de un incremento salarial del 9,4% retroactivo a agosto, elevando así su salario básico a $1.160.000.

El anuncio se produjo en el contexto de un encuentro entre las cámaras empresariales, la UTA y la Secretaría de Trabajo, donde quedó claro que el sindicato, que lidera Roberto Fernández, estaba dispuesto a llevar a cabo la medida de fuerza si no se alcanzaba un acuerdo satisfactorio. La resolución del Poder Ejecutivo establece un período de conciliación de 15 días y requiere que ambas partes dejen sin efecto las acciones previstas, advirtiendo sobre la posibilidad de sanciones para quienes no acaten la decisión.

Durante las negociaciones, la UTA presentó un cronograma de aumentos que prevé un crecimiento significativo del salario básico en los próximos meses, con cifras que van desde $1.200.600 en septiembre hasta $1.322.136 en noviembre, lo que representaría un aumento del 24,7% respecto a los salarios de julio. Este contexto marca una situación de tensión que afecta directamente a los usuarios del transporte público en Quilmes y en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Paralelamente, el clima de inquietud se intensifica en el sector del transporte, ya que diversas organizaciones gremiales están considerando la posibilidad de convocar a un paro nacional para el 17 de octubre. La Mesa Nacional del Transporte, que agrupa a varios sindicatos, se reunirá el 8 de octubre para analizar esta situación, en un momento de fuertes tensiones con el gobierno de Javier Milei. Los reclamos se centran en la necesidad de una recomposición salarial, la defensa de la libertad sindical y la soberanía nacional sobre los medios de transporte.

Este panorama afecta la rutina diaria de los vecinos de Quilmes, quienes dependen del transporte público para sus traslados. Las dificultades económicas, sumadas a la incertidumbre por futuros paros, generan preocupación en la comunidad, que observa con atención cómo se desarrolla este conflicto laboral, que no solo tiene implicancias laborales, sino un impacto directo en el funcionamiento de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.