El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista principal de sancionados, donde figuraba por su rol en el chavismo. La medida marca un giro en la relación bilateral.

Con su salida de la "Lista de Nacionales Especialmente Designados", quedaron sin efecto las restricciones financieras individuales vigentes desde 2018. Esto habilita nuevamente transacciones y acceso a activos bajo jurisdicción estadounidense.

Rodríguez había sido sancionada en septiembre de ese año, durante la administración de Donald Trump, acusada de contribuir a la represión, violaciones de derechos humanos y el deterioro institucional en Venezuela.

Un mensaje de "normalización" 

Tras conocerse la decisión, la dirigente valoró el gesto de Washington y lo definió "como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países".

"Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!", concluyó en su mensaje en X.

Rodríguez asumió como presidenta encargada tras el operativo militar estadounidense del 3 de enero, en el que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos y trasladados a Estados Unidos.

La exclusión de la lista no responde a un hecho aislado, sino a un proceso de negociación gradual iniciado tras ese episodio, en el marco de un acercamiento entre ambos gobiernos.

En ese contexto, el Tesoro estadounidense emitió múltiples licencias entre enero y marzo de 2026 que habilitaron sectores de la economía venezolana bajo supervisión, sin levantar completamente las sanciones.

El factor petróleo y la tutela de Washington 

Las concesiones siguieron una lógica progresiva: a cada reforma interna impulsada por la administración de Rodríguez correspondió un alivio adicional en las restricciones.

Entre las medidas adoptadas, se destacan la reconfiguración de la cúpula militar, la apertura del sector petrolero a inversiones extranjeras y la sanción de una ley de amnistía para presos políticos.

También avanzó con cambios en áreas sensibles del Estado, incluyendo la salida de funcionarios clave y la reestructuración de organismos vinculados al aparato chavista.

Desde Washington, Trump sostuvo que Rodríguez estaba dispuesta a cooperar y que la estrategia estadounidense apunta a incidir sobre el control y destino de los ingresos petroleros venezolanos.

El esquema vigente establece que los fondos del petróleo se canalicen a través de mecanismos supervisados por el Tesoro, mientras que las empresas operan con licencias sujetas a revisión y eventuales restricciones.