La Justicia inició una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las denuncias por sumar a su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial a Nueva York. 

La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó formalmente a la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei, el listado completo de los pasajeros que integraron el vuelo oficial hacia los Estados Unidos. 

Además de la nómina de acompañantes, la fiscalía exigió la presentación de las resoluciones y normativas vigentes que regulan el uso de las aeronaves oficiales de la flota presidencial, a fin de contrastarlas con los hechos denunciados. 

La denuncia se originó al confirmarse que Angeletti, quien no reviste carácter de funcionaria pública, ocupó una plaza en el avión presidencial y se hospedó en el hotel destinado a la comitiva durante el evento "Argentina Week" en EE.UU.

Según su perfil profesional, la mujer se desempeña como consultora en desarrollo organizacional y coach ontológico, roles sin vinculación formal con la administración estatal. 

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante del bloque oficialista. Pagano señaló en su escrito que "apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior", la cual establece restricciones para los integrantes de los viajes internacionales.

De acuerdo con el documento que figura en la causa, la normativa promovida por el propio Adorni limita a un máximo de un funcionario por evento internacional y exige una justificación para cualquier incorporación adicional. 

Pagano afirmó ante la justicia que el denunciado "no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió". 

El expediente quedó radicado en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien luego delegó la instrucción en la fiscalía de Mángano. 

La gravedad del planteo reside, según la denunciante, en que el jefe de Gabinete posee facultades ampliadas que requieren su firma para autorizar erogaciones del Tesoro Nacional. 

En simultáneo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una segunda denuncia penal por los mismos hechos. Estas acciones judiciales se complementan con pedidos de informes presentados en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo detalle el financiamiento de los traslados y la estadía de particulares en viajes de Estado. 

Por otra parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por el fiscal Sergio Rodríguez, inició un expediente preliminar. Esta unidad especializada en delitos contra la administración pública no solo analiza el viaje a Nueva York, sino también un traslado previo del funcionario a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval en un avión privado. 

Sobre este segundo viaje, existe una denuncia adicional por presunto enriquecimiento ilícito, también impulsada por Pagano, que tramita en el juzgado de María Servini. La investigación se centra en el costo del vuelo privado, estimado en 10.000 dólares, y en las declaraciones de un allegado al funcionario, Marcelo Grandio, quien declaró públicamente que el gasto fue cubierto con "plata del Estado".

Adorni, por su parte, manifestó que su esposa poseía un pasaje comercial previo hacia Nueva York, cuyo valor ascendía a 5.438 dólares, pero que finalmente no fue utilizado. Este dato será analizado en el marco del peritaje patrimonial que los investigadores llevarán adelante para verificar la procedencia de los fondos.