Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, solicitó adherirse al régimen de regularización tributaria denominado "inocencia fiscal", amparado bajo la Ley 27.799. El pedido fue realizado el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la antesala de la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete y en medio de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

Según información publicada por La Nación, Angeletti pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Se trata de un esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La constancia oficial de la solicitud realizada por la pareja del ministro coordinador no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.

Este movimiento de regularización patrimonial por parte de Angeletti cobra relevancia debido a que se produce previo a de la presentación de la declaración jurada del jefe de ministros que pese a la promesa del presidente Javier Milei, que aseguró públicamente que su funcionario "tenía todo listo" para anticipar el trámite, aún no lo concretó.

Angeletti, asimismo, está inscripta como trabajadora autónoma desde abril de 2017 dentro del rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas" y fue monotributista durante años. No formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las Ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea del Gobierno nacional y ambos ya integraban la nómina de "Personas Políticamente Expuestas" (PEP).

La situación judicial de Adorni entra en una etapa clave

El fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra trabajando en la redacción de un extenso escrito con el objetivo de intimar al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio. Según indicaron fuentes judiciales, los ingresos declarados por el funcionario nacional no llegarían a cubrir la totalidad de sus bienes.

Esta intimación representa el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. Para determinar el monto exacto de la inconsistencia patrimonial, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación.

También se lleva adelante un estudio especializado sobre las operaciones y la trazabilidad de fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, quien todavía no presentó su última declaración jurada de bienes.