El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó este jueves un amparo colectivo ambiental ante la Justicia Federal de Santa Rosa para intentar frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso durante la madrugada.

La acción judicial fue impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo apunta contra el Estado Nacional y solicita la inconstitucionalidad y nulidad de la norma.

Durante un acto en Casa de Gobierno, Ziliotto confirmó la decisión de avanzar en tribunales. "He tomado la decisión de presentar un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa", afirmó.

Según la presentación, la reforma vulnera derechos vinculados al ambiente, al acceso al agua y a la salud. Además, sostiene que contradice principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Ziliotto: "Menos agua para La Pampa" 

El mandatario aseguró que la ley "lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales". También advirtió que afecta el principio de no regresión ambiental contemplado en el Acuerdo de Escazú.

"Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación", enfatizó el gobernador al detallar el alcance del reclamo.

Ziliotto alertó sobre el impacto que la norma podría tener en la provincia. "Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente", sostuvo.

En ese sentido, remarcó la dependencia hídrica del territorio pampeano. "La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. A partir de esta ley va a haber menos agua", señaló.

Falta de participación ciudadana 

Por su parte, la fiscal de Estado, Romina Schmidt, explicó que el amparo comenzó a elaborarse antes de la sanción. Además, cuestionó las instancias de participación ciudadana durante el tratamiento legislativo.

"Las audiencias públicas no fueron audiencias reales que cumplan con el Tratado de Escazú", afirmó la funcionaria al referirse al proceso previo a la aprobación.

Schmidt detalló que la demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad de la ley, junto con una medida cautelar para frenar su aplicación. "El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real", advirtió.

El planteo también sostiene que la reforma implica un retroceso en materia ambiental. Entre los argumentos, menciona posibles efectos sobre el caudal y la calidad del agua, además de su impacto en el desarrollo provincial.

Asimismo, el escrito solicita que se mantenga vigente el régimen anterior mientras avance la causa y que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la nueva normativa.

En paralelo, organizaciones ambientalistas comenzaron a impulsar presentaciones judiciales similares. Entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva.